El PSOE de Estepona se suma a la manifestación por la vivienda del próximo 5 de abril

«Las competencias en materia de vivienda pertenecen a la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos. En este sentido, el alcalde José María García Urbano, durante sus 15 años de mandato ha favorecido los intereses de los grandes inversores frente a los de los vecinos, rompiendo el equilibrio urbanístico», asegura Molina.

A su juicio, «se ha incentivado la construcción de viviendas de lujo y se ha dejado sin control la proliferación de apartamentos turísticos, lo que ha agravado la crisis habitacional.»

Aporta para ello un un dato que considera revelador: «solo se han construido 110 viviendas de protección oficial en estos 15 años, mientras que con corporaciones anteriores, en apenas 5 años, se construyeron 236, un 65% más.»

Molina añade que a pesar de la aprobación de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda el pasado 24 de mayo por parte del Gobierno de España, «la Junta de Andalucía ha declarado su insumisión y no la aplica en la comunidad autónoma, lo que impide declarar zonas tensionadas, una medida clave para frenar la escalada de precios.»

Un PGOU obsoleto

Sobre el Ayuntamiento de Estepona asegura además que «no ha puesto en marcha ninguna medida efectiva para afrontar esta crisis habitacional. En los últimos seis años hemos presentado numerosas propuestas y mociones al pleno, que han sido rechazadas de forma sistemática, como por ejemplo, activar el Plan Municipal de Vivienda, poner en marcha la Empresa Municipal de la Vivienda para construir viviendas públicas a precios asequibles, utilizar parcelas municipales para dichas construcciones o establecer como requisito para optar a una VPO estar empadronado con una antigüedad mínima, ya que actualmente cualquier persona de fuera tiene los mismos derechos que los vecinos de Estepona.»

«A esto se añade que el Plan General de Ordenación Urbana de Estepona está obsoleto, data de 1994 y su última actualización es de 2010, o sea, hace 15 años», asegura la portavoz socialista.

Y concluye, «en Estepona no sólo se está expulsando a los vecinos de su ciudad, sino que se está hipotecando el futuro de la ciudad, los jóvenes no pueden quedarse y la hostelería, los servicios públicos, la sanidad y la educación están sufriendo porque ni profesores, ni médicos, ni policías pueden permitirse vivir aquí, teniendo que destinar casi el 59% de su sueldo al alquiler o a la compra de una vivienda.»