Fiscalía y Seprona investigan presuntos delitos en el vertedero ilegal del río de la Miel

El Ministerio Público y el Seprona han solicitado por escrito al Ayuntamiento nerjeño toda la documentación de la que dispongan para conocer porqué estuvo utilizándose este lugar como vertedero ilegal durante más de 15 años. En el entorno se acumulan miles de toneladas de escombros y restos de podas, en varios niveles. El equipo de gobierno tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos) dio orden el pasado mes de septiembre de dejar de tirar allí escombros en una actividad que venían realizando siete empresas locales del sector de la construcción, así como el propio Consistorio, después de recibir un requerimiento por parte del Seprona.

«Cuando solicitamos la información a los técnicos municipales nadie sabía nada, no había papeles, por lo visto todo se había hecho de manera verbal, aunque estamos tratando de recabar documentos de la Junta de Andalucía, que sí estuvo durante años abriendo expedientes sancionadores», consideró ayer a SUR la alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), quien dijo que están preparando todo el material, «colaborando al máximo con la Fiscalía y el Seprona». «Tendrá que ser el anterior equipo de gobierno del PP el que aclare porqué no lo cerró, cuando sabían perfectamente que no tenían autorización de la Junta», dijo.

Según ha podido saber este periódico, las diligencias del Ministerio Público investigan presuntos delitos de prevaricación omisiva, que podrían haber sido cometidos por los distintos responsables políticos y técnicos municipales, así como contra el medio ambiente, por la contaminación de un entorno natural protegido. Siete empresas locales del sector de la construcción constituyeron una sociedad, Innovaciones y Desarrollos Nerja S. L. para gestionar el vertedero ilegal del río de la Miel.

«Conocido y consentido»

Por su parte, el exalcalde y diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo, aseguró ayer a SUR que «no le consta» que por parte de la Junta de Andalucía se hubiesen abierto expedientes sancionadores contra el vertedero durante los 16 años que estuvo en funcionamiento. «No obstante, habría que ver el expediente y recordarlo», matizó.

En cualquier caso, el exregidor, que gobernó entre 1995 y 2015, agregó que el vertedero era «conocido y consentido». Durante varios años, especialmente entre 2010 y 2013, diversos colectivos ecologistas y vecinales denunciaron este enclave. El que fuera concejal de Medio Ambiente y actualmente edil del PP en la oposición, José Miguel Jimena, reiteraba entonces que el entorno estaba siendo «restaurado, con el acuerdo de la Junta».

Por su parte, la asociación Agreca, que agrupa a una veintena de empresas del sector del reciclaje en Andalucía, recordó que ellos también denunciaron «en numerosas ocasiones» este vertedero ilegal, y confiaron en que las acciones de Fiscalía y Seprona «sirvan para depurar responsabilidades».