Así es el plan del SAS para mejorar la atención primaria en Andalucía

Héctor Barbotta

Sevilla

Sábado, 1 de abril 2023, 10:09

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El Pacto Social para el Impulso de Andalucía, suscrito recientemente por la Junta y los agentes sociales, dejó a la sanidad como uno de los flecos aún por cerrar. Apenas dos semanas después de la firma, los dos sindicatos firmantes -UGT y Comisiones Obreras- junto a otros convocantes encabezaron una manifestación en defensa de la sanidad pública que consiguió reunir en las ocho capitales andaluzas a más de 50.000 personas en unas protestas que ya habían sido convocadas con anterioridad.

Las fuerzas sindicales anunciaron que pese a la firma del pacto mantendrían las movilizaciones hasta tanto las intenciones manifestadas en el acuerdo se vieran trasladadas a un pacto concreto y sectorial que en aquel momento seguía empantanado. No obstante, fue ese pacto el que marcó un antes y un después en las negociaciones sectoriales que se venían desarrollando en el ámbito sanitario.

El conflicto, centrado especialmente en la atención primaria, se había visto agravado tras la publicación de la orden de conciertos y mantuvo a la sanidad como uno de los frentes que más preocupa al Gobierno andaluz. Ahora puede estar en vías de que se encuentre un vía de solución.

De momento el acuerdo está lejos, pero el clima entre todos los actores -la Consejería de Salud y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse y el Sindicato Médico- ha cambiado tras la última reunión, celebrada el pasado miércoles. Las partes ya reconocen que existe voluntad de acuerdo y se han emplazado para volver a reunirse después de la Semana Santa. Sin embargo, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) decidió el pasado viernes mantener y aumentar las convocatorias de movilizaciones ante «la falta de respuesta satisfactoria por parte de la Administración andaluza».

La clave que puede desatascar el conflicto está en un borrador de 19 puntos presentado por la Consejería que recoge muchos de los reclamos sindicales y cuyo análisis comenzó a ser abordado en aquella reunión. «Es la primera vez que nos traen una propuesta concreta», aseguran desde sectores sindicales, que reconocen que algunas de las propuestas contenidas en ese documento recogen algunas de sus reclamos.

Pese al compromiso de actuar con discreción para evitar que las negociaciones desbarranquen, del análisis de los temas que están sobre la mesa se desprende que hay tres apartados sobre los que las partes buscan un acercamiento.

El primero, y de aparente más sencilla solución, es la orden sobre los conciertos sanitarios publicado en el BOJA y que ya sufrió una modificación que los sindicatos consideraron insuficiente. El segundo son las medidas a aplicar para mejorar la atención primaria ante el deterioro que viene sufriendo desde que hace una década se iniciaron los recortes en la sanidad y que se tensionó al máximo durante la pandemia. El tercer apartado son las reivindicaciones salariales de los diferentes actores implicados, una cuestión que hasta ahora se ha mantenido en un lugar secundario pero que podría empantanar la posibilidad de un acuerdo si se sitúa en primer plano.

La orden de los conciertos, la cuestión que más polvareda ha levantado en la política andaluza en los últimos meses, es en apariencia la cuestión más sencilla de desatascar.

El primer punto del borrador presentado por la Consejería propone garantizar con la normativa pertinente la preservación de la no externalización de la atención primaria salvo en situación de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos. En este punto existe una propuesta del sindicato Comisiones Obreras de incoporar el término 'declaración de emergencia sanitaria', lo que obligaría a que esa eventual situación de necesidad estuviese certificada formalmente y obedeciese a circunstancias de real gravedad y no a eventuales problemas coyunturales de prestación del servicio. Los sindicatos también quieren retirar de la orden la posibilidad de que la dotaciones sanitarias públicas puedan ser utilizadas por empresas privadas. Pese a que la orden original ya fue modificada en una ocasión, en la Consejería han mostrado disposición a hacerlo nuevamente para superar el conflicto.

Entre las medidas que figuran en el borrador para mejorar la atención primaria, destacan la incorporación de administrativos para apoyar la gestión asistencial y descargar de trabajo a los médicos. También se propone actualizar el mapa de trabajadores sociales.

Asimismo, se prevé adecuar cupos incorporando profesionales de forma progresiva para alcanzar máximos de 1.300 tarjetas sanitarias por médico de familia y enfermería, pero con el objetivo de bajar a 1.200, y de 900 en pediatría. Para ello, se propone priorizar la incorporación de profesionales en aquellos centros con mayor carga media de pacientes. También se propone realizar una programación de agendas con máximo de 35 citas por médico de familia y 25 por pediatra. Se establecerían también continuidades asistenciales voluntarias, abiertas y permanentes.

Otra de las propuestas incluida en el borrador es acordar medidas específicas para fidelizar a los residentes, entre las que figura ofertar a estos interinidades por plazas vacantes en los puestos que no se hayan podido cubrir mediante la Bolsa Única.

Asimismo, el borrador propone actualizar los puestos de difícil cobertura y revisar las categorías de atención primaria que puedan cumplir con los criterios de cobro de dispersión geográfica.

En el borrador se propone también la consolidación de las 411 plazas de enfermería que realizan la labor de las consultas de acogida antes del 31 de diciembre de 2025.

El reforzamiento de la atención primaria prevé también, en el borrador que la Consejería ha llevado a la negociación, la incorporación de nuevas carteras de servicios con la revisión de la cobertura asistencial de la rehabilitación (fisioterapeutas, terapeutas y logopedas). Se estima que se podrían incorporar 570 terapeutas, 200 terapeutas ocupacionales y 150 logopedas que se incorporarían antes de finalizar 2026.

Este reforzamiento incluiría la implantación de la enfermería escolar, con 411 plazas antes de que finalice 2025, la creación y puesta en funcionamiento de al menos una plaza de podólogo por provincia, aunque con el objetivo de llegar a uno por distrito sanitario, y la creación de nuevas plazas de enfermeras o gestoras de casos, entre otras medidas entre las que también se incluyen mejoras de la resolución diagnóstica.

Otras medidas propuestas en el borrador son la incorporación de cupos de enfermería pediátrica, la homogenización de los planes de formación específicas para los profesionales de la atención primaria y la unificación en un solo nivel de todos los profesionales que realizan el total de su jornada laboral en equipos móviles y atención a urgencias..