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E. PRESS
Jueves, 18 de enero 2024, 19:29
El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, ha asegurado este jueves, tras los ... anuncios y afirmaciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el marco de la reunión del Comité de Expertos sobre la sequía, que «no alcanzo a entender el tono y el contenido de las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía», antes de evocar que el miércoles mantuvo una reunión en el Ministerio con la consejera Carmen Crespo y en ese encuentro hicieron «un repaso y actualización de los compromisos de una y otra parte».
«Eso es lo que hoy nos ha causado extrañeza porque ayer no hubo absolutamente ningún espacio de discrepancia sobre los compromisos de unos y otros», prosigue afirmando Morán en declaraciones a Europa Press.
Preguntado por la posibilidad de que se abra un nuevo frente entre la Administración del Estado y la Junta de Andalucía a cuenta de las infraestructuras hídricas y cómo contrarrestar la sequía, el secretario de Estado replica que «el Estado no va a abrir ningún frente» y esgrime aquí que «va a asumir los compromisos que en estos momentos hemos hechos efectivos con la Junta».
«Nosotros no vamos a generar debates artificiales en torno a esta cuestión», continúa considerando sobre las diferencias con la Administración autonómica sobre cómo combatir la sequía, aunque seguidamente advierte que «cada vez que aparezca alguna información o alguna declaración que se aparte de la verdad, lógicamente, saldremos a aclararla».
«Esto no va a impedir de ninguna de las maneras ni a entorpecer el clima de cooperación con la comunidad», remacha acerca de sus reproches al Gobierno andaluz.
El primer argumento de la Junta que quiere desmontar Morán es la afirmación de que la competencia del Estado sobre los recursos hídricos de Andalucía, por cuanto es el titular de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), repercute en un 60% del territorio para precisar aquí que «las competencias en materia de abastecimiento de agua son de las Administraciones locales y en el caso de que existan mecanismos de cooperación por parte de las comunidades autónomas».
Aquí invoca el canon del agua para apuntar que la Junta de Andalucía «gira el canon del agua a través de la tarifa al 100% de los andaluces en el 100% del territorio de Andalucía» y, por ello, «las competencias en abastecimiento, saneamiento y depuración son de la Junta de Andalucía», por cuanto «nosotros no cobramos ese canon en ninguna parte del territorio».
El siguiente reproche se dirige por la atribución al Estado de la competencia en desalación, de lo que concluye que «eso es desconocer cuál es la realidad de la gestión del agua en este país», por lo que alude a «toda una red de desaladoras, más allá de las que gestiona el Estado, que han sido construidas y gestionadas por comunidades de regantes, ayuntamientos» y se trata de una fórmula que pueden impulsar por su propia iniciativa «ayuntamientos, comunidades autónomas, comunidades de regantes o la industria».
Morán reivindica el trabajo del Estado frente a las recriminaciones que señala la Junta, que concreta en actuaciones como «la elaboración de los planes de Cuenca de tercer ciclo» para el periodo 2023-2027, de los cuales remarca que incorpora «la gestión de la sequía en la planificación hidrológica».
En ese sentido esgrime que «los planes hidrológicos del Estado se aprueban bastantes meses antes de que se aprueben los de las cuencas intracomunitarias andaluzas», afirmación a la que añade que «Andalucía fue uno de los territorios que resultaron apercibidos por la Comisión Europea por no llegar en tiempo y forma».
El secretario de Estado de Medio Ambiente defiende la interlocución con el Gobierno andaluz, que sitúa al nivel de «una vez al mes hay un encuentro a alto nivel con la representación de Andalucía para hablar de los temas de agua», y blande que «tanto en inversión ejecutada como en inversión planificada del Estado en Andalucía, no hay momento histórico precedente en el cual el Estado haya invertido una cantidad de recursos similar a la que en estos momentos despliega en Andalucía».
«En estos momentos, por ejemplo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para abordar inversiones del ciclo del agua en municipios de menos de 5.000 habitantes para saneamiento y depuración, o municipios de menos de 20.000 habitantes para abastecimiento, o con carácter general para digitalización del ciclo del agua, Andalucía ha recibido unos 170 millones de euros, y eso sí es para ayudar en la financiación de competencias de la comunidad», afirma en ese sentido.
Mientras recuerda que «la Confederación del Guadalquivir viene aplicando desde hace cuatro anualidades hidrológicas mecanismos de restricción de dotaciones de agua para usos económicos, desde el regadío hasta cualquier otro, para anticipar respuestas a la sequía», señala en sentido contrario que «las demarcaciones que en estos momentos se encuentran en peor situación son las demarcaciones que son competencia de la Junta de Andalucía, tanto la demarcación mediterránea como el Guadalete-Barbate».
Tras esgrimir «la realidad» de que «los territorios que peor lo están pasando son las demarcaciones intracomunitarias», plantea que «Andalucía se ha dirigido al Gobierno de España, nos ha pedido apoyo y les hemos dicho que aquí estamos para apoyarles», antes de explicar que «nos han pedido dos nuevas desaladoras».
Para estos proeyectos reclama previamente que la Junta de Andalucía ponga a disposición los terrenos y la entrega de los proyectos y el Ministerio de Medio Ambiente se ocuparía de su licitación.
«En Cataluña y Andalucía les hemos dicho que nosotros nos hacemos cargo del anticipo de financiación y la licitación y ejecución de las obras», sigue afirmando al respecto.
«Una vez que (las desaladoras) estén culminadas, se entregarán en su caso para la gestión a la comunidad autónoma y las integraremos en la red de desaladoras de gestión del Estado, de mutuo acuerdo»,
«Y nos han pedido que, en el caso extremo de que hubiese que movilizar recursos externos para transportar agua, por la vía que sea, en la cual una de las medidas que aparecen es el traslado por mar, al igual que le hemos dicho a Cataluña, les hemos dicho que aquí estamos», continúa afirmando Morán, quien evoca que fue «lo que hicimos en su momento en Canarias cuando la erupción del volcán en La Palma».
Morán viene a afear al Gobierno andaluz cierto lamento por cuanto «en territorios de la competencia de la Junta de Andalucía no hace mucho oí hablar de los problemas para mantener en funcionamiento los campos de golf», para ironizar entonces sobre que «eso nunca ha estado en nuestro orden de prioridades en un escenario de sequía».
Critica entonces a la Junta de Andalucía porque «no me parece que sea la mejor forma de trasladar, como quiere el presidente Moreno Bonilla, a Bruselas un mensaje de que Andalucía es un territorio especialmente golpeado por la sequía y requiere un tratamiento especial y, al mismo tiempo, se está hablando de construir más campos de golf, de ampliar las superficies de regadío, o de extender las urbanizaciones turísticas».
«En el ámbito de la demarcación del Guadalquivir vamos a impulsar las inversiones que aparecen recogidas en el decreto de sequía de 2024, que es todo un paquete de inversiones en la comunidad autónoma, con independencia de estos episodios de declaraciones desafortunadas o desinformadas», afirma Morán, convencido de que «los ciudadanos reclaman a las administraciones no entrar en disputas de estas características cuando hablamos de temas tan sensibles como es el de la garantía del abastecimiento de agua»
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