El extrabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías, uno de los testigos clave en el caso del fraude de los cursos de formación de este ... sindicato, declaró en el juicio que existía un sistema de «facturas falsas» que se utilizaba para desviar el dinero hasta un «fondo de reptiles» con el que se abonaban gastos que no tenían nada que ver con el fin formativo de las ayudas concedidas por la Junta.
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Este antiguo empleado del sindicato, que ya fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al filtrar a los medios de comunicación el fraude y no a la Policía ni a la Justicia, explicó en su declaración que se confeccionaban facturas fraudulentas sobre la formación para destinar el dinero de las subvenciones a otros fines no imputables a la formación
Roberto Alejandro Macías compareció en la vista oral que se celebra en la Audiencia hispalense contra el ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.
El extrabajador de UGT-A manifestó que las facturas falsas con cargo a las subvenciones de la Junta de Andalucía la elaboraban las empresas proveedoras del sindicato, que inflaban su importe por indicación del sindicato para que el mismo pudiese justificar ante la Administración andaluza el gasto de un servicio no prestado o realizado por un importe inferior.
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Según su testimonio, «el dinero efectivamente pagado tras falsear las facturas generaba bote económico que el sindicato utilizaba para sufragar bienes o servicios que no podía imputar a las subvenciones». A su juicio, «en otras ocasiones las facturas eran infladas para obtener liquidez con la que afrontar un descubierto» económico sufrido por el sindicato«.
Además del exsecretario regional ugetista enjuiciado, se sientas en el banquillo de los acusados el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
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El juicio aborda los procedimientos irregulares concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias, incurriendo en ello en la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido, que eran en la práctica acciones formativas para trabajadores y desempleados.
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