Los bancos ofrecen ya en Málaga 171 viviendas de alquiler social para familias desahuciadas

El Fondo Social de Vivienda (FSV), creado a principios de este año para ofrecer alquileres sociales a las familias que han sufrido un desahucio, cuenta ya con un total de 171 inmuebles en la provincia. Las 33 entidades bancarias, que suscribieron el acuerdo con los Ministerios de Economía, Sanidad y Fomento; con la Federación de Municipios (FEMP) y con la plataforma del Tercer Sector, han aportado a este fondo propiedades en diferentes municipios malagueños que tendrán un precio de entre 150 y 400 euros mensuales, en función de la renta familiar, aunque nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos del hogar.

El Gobierno anunció esta iniciativa como una medida social «para dar una segunda oportunidad» para salir adelante. Cada entidad gestiona de forma autónoma las viviendas ofertadas, a las que solo podrán acceder sus propios clientes afectados por un desahucio. Es decir, que si la familia que perdió la casa tenía la hipoteca con un banco concreto, solo podrá solicitar esta opción en los pisos que ofrece esta misma entidad.

Dentro de la provincia, Málaga capital, con 47 pisos, es la que acumula la oferta más numerosa, seguida de Mijas (14), Estepona (12), Fuengirola (9) y Antequera (7). Los pisos incluidos en este listado van desde los 35 m2 de un piso de un dormitorio en Marbella a los 171 m2 de una casa en Alameda. Entre las entidades que han aportado alguno de sus inmuebles se encuentran Unicaja Banco, Banco Santander, BBK Bank, Barclays Banck, BBVA, CaixaBank o Bankia, entre otros.

Requisitos

Pero, ¿cuáles son los requisitos para obtener este alquiler social? Según el Decreto27/2012, podrán acogerse a esta ayuda familias que hayan sido desahuciadas o que tengan una demanda de ejecución por el impago de un préstamo hipotecario a partir del 1 de enero de 2008.

Además, en el momento de la solicitud, ningún miembro de la familia podrá ser propietario de una vivienda y los ingresos no deben superar el límite de tres veces el IPREM (1.597 euros). También se tienen en cuenta situaciones de especial vulnerabilidad como que se trate de una familia monoparental con hijos a cargo, que haya menores de tres años, personas con discapacidad, que sea una familia numerosa o existan víctimas de violencia de género.

El arrendamiento tiene una duración de dos años, prorrogable a tres años si se comprueba que la familia sigue cumpliendo las condiciones. Para solicitarlo, los interesados deben acudir a la misma entidad bancaria que solicitará un informe a los servicios sociales comunitarios para comprobar los requisitos.

Este fondo de viviendas para el alquiler social está al margen de las que las entidades con nacionalizadas o con problemas económicos han cedido a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el 'banco malo'. En el FSV, las entidades financieras continúan teniendo la propiedad de los activos inmobiliarios. Unicaja, por ejemplo, que ha mostrado su solvencia ha aportado un total de 125 casas en toda la región para el FSV, una iniciativa que, según fuentes de la entidad atiende a la responsabilidad social de la empresa.