El alcalde de Almogía, imputado por prevaricación urbanística y falsedad documental

La Guardia Civil sigue la ronda de toma de declaraciones a los imputados del 'caso Almogía' y, ayer le tocó el turno al alcalde de esta localidad, Cristóbal Torreblanca, tal y como adelantó este periódico. El regidor, que estuvo declarando durante cuatro horas en la comandancia de la Guardia Civil de Málaga, quedó en libertad con los cargos de prevaricación urbanística y falsedad documental, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso. Torreblanca, que fue llamado a declarar por la Guardia Civil, fue asistido por su abogado defensor.

Las preguntas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que lleva el caso, le insistieron, al parecer, sobre los derroteros que habían seguido los quince expedientes urbanísticos que había denunciado el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por irregularidades, y a los que el Ayuntamiento no había dado curso o, al menos, no lo había hecho debidamente.

La Guardia Civil quiere probar que, por parte del alcalde, Cristóbal Torreblanca, así como por otros concejales y funcionarios del Ayuntamiento, e incluso policías locales, hubo trato de favor con familiares y amigos de los ediles del Ayuntamiento de Almogía.

El alcalde de Almogía, que abandonó ayer a pie las dependencias de la Benemérita, eludió contestar a las preguntas de los periodistas que aguardaban en la puerta, y dejó, por tanto, la incógnita de si dimitará, ya que desde el día en el que se iniciaron los registros de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Almogía y en la Casa de la Cultura, el pasado martes, Torreblanca afirmó que, si como consecuencia de la investigación judicial resulta imputado en el caso, renunciaría al cargo, en el que lleva 26 años, y que presentaría asimismo la «baja automática» del partido, decisión que dijo haber comunicado al PSOE malagueño.

Por otra parte, la Guardia Civil también llamó ayer a declarar a otros tres imputados, entre ellos la esposa del policía local que acudió a declarar anteayer, otro agente municipal así como un antiguo secretario del Ayuntamiento. En los tres casos quedaron en libertad con cargos. Tal y como adelantó este periódico, al menos una veintena de personas van a estar imputadas en este caso, que persigue sacar a la luz los cauces por los cuales se realizaron construcciones ilegales en suelo no urbanizable en Almogía, así como en la prevaricación de los cargos públicos por realizar acciones a sabiendas de que no son legales, y por delito urbanístico, también llamado contra la ordenación del territorio.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, afirmó ayer que Málaga «no es asiento de todos los males relacionados con el urbanismo» y ha añadido que «ya está bien de tantas miradas puestas en la provincia» motivadas por este asunto. Ha añadido que Málaga le debe mucho al urbanismo, no al irregular, y que con motivo de esta mirada superlativa «se están cuestionando muchas cosas y esta provincia vive de lo que vive».