Unificar criterios

La decisión del Tribunal Superior de Castilla y León que avala el derecho de unos padres a objetar a que sus hijos tengan que cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía subraya la negativa inseguridad jurídica en que se mueve esta materia; inseguridad jurídica que urge a una unificación de doctrina que evite conflictos como el que ha surgido ahora entre la interpretación realizada por el Supremo el pasado mes de enero y la efectuada ahora por la Sala de lo Contencioso del Tribunal castellano-leonés. Mientras el primero concluyó que el contenido de los decretos aprobados por Asturias y Andalucía para desarrollar la asignatura no vulneraba el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones, el segundo sí atisba un «riesgo exorbitante» de injerencia.