P2P, la polémica que navega

La legalidad de la descarga o del intercambio de archivos protegidos por los derechos de propiedad intelectual es uno de los asuntos que más preocupa a las empresas discográficas y a las distribuidoras de contenido audiovisual, que están viendo mermados sus ingresos por la descarga de música y películas entre internautas. Desde la puesta en funcionamiento de las redes P2P, que permiten la relación directa y eficaz entre usuarios, la controversia entre beneficiados y perjudicados se ha plasmado con finales muy distintos y sin que hasta este momento haya prevalecido un único criterio.

Uno de los capítulos más recientes de esta polémica legal tuvo lugar en el pasado mes de abril, cuando se condenó a un año de prisión a los propietarios de The Pirate Bay, el mayor portal de enlace para descargas del mundo. En la sentencia se les considera cómplices en la violación de derechos de autor. Sin embargo, poco después se declaró nulo el juicio, al conocerse que el juez de este caso tenía intereses y relaciones con las empresas demandantes y las asociaciones que defienden la propiedad intelectual.

Todo esto ocurría días después de que el Parlamento Europeo rechazara por una mayoría aplastante que los gobiernos nacionales pudieran cortar las conexiones de Internet a los usuarios que se bajaran archivos con derechos de autor de forma ilegal. De esta forma, se respondía también a la polémica ley que entrará en vigor el próximo año en Francia, que supondrá el bloqueo al acceso de la red a aquellos internautas que usen las redes P2P para descargar este tipo de ficheros.

Situación en España

Si la situación parece compleja en el ámbito internacional, no lo es menos en el caso de España, donde organizaciones como la Sociedad General de Autores (SGAE) consideran ilegal el intercambio de este tipo de archivos tanto por el uso colectivo como por el lucro cesante, es decir, la pérdida de ingresos que se deriva de las copias de los distintos ficheros protegidos como propiedad intelectual.

Pese a ello, algunas asociaciones de consumidores y usuarios y distintos abogados especializados apuestan por la legalidad de este tipo de descargas. Para ello se amparan en el derecho de la copia privada siempre que no se derive ánimo de lucro de la misma.

Por su parte, desde el Gobierno se pretende frenar el uso de las redes P2P, tal y como se interpreta desde muchos sectores con el nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura. Desde algunos foros internautas, se ha criticado con dureza la elección de González-Sinde como máxima responsable del Ministerio porque la consideran una enemiga declarada del intercambio y de la descarga de este tipo de archivos protegidos por sus derechos de autor. Mientras tanto, en el ámbito judicial, se han sobreseido algunos casos de portales españoles que compartían archivos.

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