Un informe establece que Pedro Román dejó de pagar seis millones de euros a Hacienda

El informe de la Agencia Tributaria que ha dado lugar a la pieza separada del "Caso Malaya" en la que se imputa un delito fiscal al ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca establece que el primero dejó de abonar a Hacienda casi seis millones de euros.

Además de Román y Roca, por esta causa han prestado hoy declaración como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el abogado Juan German Hoffmann y el ex comisario Florencio San Agapito.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, refleja que Román dejó de ingresar una cuota en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) de 2001 en relación con la sociedad Lispag, de nacionalidad suiza, de casi 1,6 millones de euros.

En el ejercicio 2002, Lispag, en la que están presentes los cuatro imputados, vendió el 90 por ciento de las participaciones de Yambali 2000, sociedad adquirida un año antes, lo que supuso un beneficio para Román de más de 4 millones de euros, de los que dejó de ingresar casi dos millones en concepto de IRPF.

La Agencia Tributaria establece además que entre 2003 y 2005, el ex primer teniente de alcalde de Marbella debió de llevar a cabo unas liquidaciones tributarias que suman más de 2,4 millones de euros referentes a las sociedades Mola 15, Fink 2010, Marbella Airways y Nuevos Aires 2002.

Sobre la venta de Yambali 2000, el informe señala que la cuota dejada de ingresar en el ejercicio 2002 por Roca superaría los 465.000 euros, mientras que en el caso de Hoffmann y de San Agapito sería de casi 233.000 euros y de más de 191.000 euros.

El documento por el que el juez instructor del "Caso Malaya" abrió pieza separada el pasado mes de abril estudia el patrimonio familiar de Pedro Román y su participación en sociedades mercantiles radicadas en España y en el extranjero.

Según la Agencia Tributaria, el ex teniente de alcalde actúa de administrador de todas las sociedades, que funcionarían "bajo una única caja", hecho que "es más evidente en las entidades constituidas en el extranjero, en las que los movimientos financieros entre las sociedades no guardan relación con las inversiones y beneficios de éstas".

Por su parte, fuentes de las defensas de los imputados han negado la existencia de un delito fiscal y han anunciado que presentarán informes periciales que demostrarán que no ha tenido lugar ningún tipo de infracción tributaria.

En este sentido, el abogado de Juan Hoffmann, Juan Manuel Vázquez, ha destacado que dichos informes periciales reflejarán que no se ha devengado ningún impuesto en la operación urbanística en relación con Yambali y la promoción de viviendas Crucero Banús.

Además ha apuntado que la presunta infracción tributaria que atribuye Hacienda a los imputados por la citada operación estará prescrita, dado que se corresponde con el ejercicio 2002.

El letrado ha subrayado también que será necesario estudiar si la información utilizada por la Agencia Tributaria en la elaboración del informe se corresponde con la remitida por la Fiscalía suiza, dado que dicho expediente está garantizado por un principio de especialidad que impide que pueda ser utilizada para imputar un delito fiscal.

El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, ha defendido la legalidad de la actuación de su cliente, que realizó una aportación económica a una sociedad como inversión para obtener unos beneficios, lo que constituye un "negocio lícito".

Para su declaración ante el juez Roca ha sido trasladado a los juzgados de Marbella desde la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde se encuentra inicialmente de forma temporal para cumplir con distintas comparecencias judiciales en los próximos quince días.

El ex asesor urbanístico fue conducido en un furgón de la Guardia Civil hasta la sede judicial marbellí, a donde llegó alrededor de las 8.35 horas y desde la que fue trasladado de regreso al centro penitenciario malagueño un poco antes de las 16.00 horas.

Roca abandonó la cárcel de Albolote (Granada) el 14 de abril tras abonar la fianza de un millón de euros fijada por el juez del "caso Malaya", aunque nueve días después ingresó en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenara su encarcelamiento eludible bajo fianza de tres millones de euros por el "caso Saqueo 1".

La Audiencia Provincial revocó parcialmente el pasado día 20 el auto del instructor del "caso Malaya" y dejó sin efecto la fianza impuesta a Roca, manteniendo la situación de prisión preventiva provisional ya prorrogada por otros dos años más