Arquitectos, constructores y oposición consideran evitables los sobrecostes en obras municipales

«Es normal y relativamente habitual en las administraciones públicas que durante la ejecución de unas obras puedan surgir imprevistos o cuestiones que no se habían tenido en cuenta, pero lo que no tiene sentido es que se convierta en una práctica habitual», afirma el decano del Colegio de Arquitectos, Antonio Vargas, quien aboga por dar más tiempo a los técnicos para redactar los proyectos «porque las cosas necesitan su maduración» y porque las administraciones «no se autoengañen porque por mucho que se pueda rebajar el coste de una obra para destinar ese supuesto ahorro a otras actuaciones, la realidad es que al final va a salir por ese dinero». En este sentido, también apunta hacia las constructoras a la hora de explicar estas desviaciones presupuestarias, remarcando que «nadie da duros a tres pesetas cuando hacen una oferta a la baja para adjudicarse el contrato, puesto que todo lo que sea una rebaja por encima del 19% supone perder dinero».

Una supuesta responsabilidad que esquivan los constructores, quienes ponen el acento en las «prisas» de las administraciones. «Una obra es un elemento vivo y en cada momento pueden surgir imprevistos que hay que resolver y que requieren un sobrecoste, pero sí que podrían eliminarse muchos de esos incrementos haciendo proyectos perfectamente definidos y detallados», defiende la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores, Violeta Aragón. Sobre las rebajas que ofrecen las empresas sobre el precio de licitación, la representante del sector se muestra tajante: «Cuando una constructora firma por un determinado presupuesto está obligada a ceñirse al mismo, pero el problema está en que luego van apareciendo faltas en los proyectos. Si estuvieran perfectamente definidos no cabría la posibilidad de aprobar posteriores incrementos».

PSOE e IU hablan de derroche

Especialmente críticos hacia el equipo de gobierno del PP se muestran los dos partidos en la oposición. Tanto en las filas del PSOE como en las de IU coincidieron en lamentar el «derroche» de dinero público. «Los sobrecostes no son casuales. Son el resultado de una mala práctica que no hay que achacar a los empleados de Urbanismo, sino a un gobierno que contrata unas obras por debajo de su coste real para ajustarse a su disponibilidad presupuestaria con la certeza de que en ejercicios posteriores se sacará el dinero que habrá que pagar de más», advierte la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, María Gámez, quien incide en que «una cosa son los imprevistos y otra las modificaciones presupuestarias por sistema».

Por su parte, el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, propuso que el Consistorio eleve una consulta «urgente» a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre los expedientes «para que valore las irregularidades que se hayan podido producir respecto a los sobrecostes registrados en la construcción y adecuación de edificios», una petición que su grupo ya formuló hace dos años y que fue rechazada por el gobierno municipal. Para el dirigente de IU, esos 50 millones son «escandalosos, fruto de una mala gestión y de la improvisación que luego tienen que pagar los ciudadanos con subidas de impuestos como el IBI o de las tarifas del agua».