Magdalena no se dobla

Parece claro que al menos Magdalena Álvarez es una mujer de palabra. «Antes 'partía' que 'doblá'», llegó a decir ante sus señorías la política malagueña, que sin duda se está resistiendo a hincar sus rodillas en el albero del BEI para que le den la puntilla. De momento no dimite tras conocerse que la Audiencia de Sevilla considere que está imputada y bien imputada por la jueza Alaya. Hay cosas que se notan en el ambiente. Y una de ellas es que hay mucha gente que le tiene tirria a Magdalena Álvarez. Se percibe en los comentarios, en las tertulias y entre los políticos. No debe ser una mujer fácil en el trato (el hecho de que sea inspectora de Hacienda debe tomarse como una casualidad) cuando hay tanta gente esperándola, aunque eso nunca debe ser la causa para exigirle una dimisión. A la política socialista se le puede echar en cara que lleve en el machito de los cargos públicos desde el año 1989, cuando se estrenó como directora general de Incentivos Económicos Regionales del Ministerio de Hacienda. De ahí ha ido saltando de cargo en cargo hasta llegar a la vicepresidencia del BEI tras pasar una década como consejera y un lustro como ministra. Eso es un pasón, aunque no es ningún delito. La vida del alto cargo es así, dura, pero larga, incluso perenne. No estaría mal cambiarla.

La malagueña está viviendo malos momentos, aunque en eso ya tiene experiencia. Sin embargo, no se sabe si en esta ocasión saldrá indemne. Es una pena para ella, que sin duda ha sido una buena gestora para Málaga. Pocos políticos de la provincia a lo largo de la historia han hecho tanto por la tierra como Magdalena Álvarez. Eso es así, caiga mejor o peor la buena señora. El AVE, el nuevo aeropuerto, la mejora de la red de carreteras, la reforma del mercado de Atarazanas o la estación marítima llevan su sello, como también el nuevo enlace de Andalucía con el resto de España por Despeñaperros. Ha propiciado la época dorada de las infraestructuras en Málaga. Pero ha tenido la desgracia de caer imputada. Esto en términos jurídicos supone una garantía para el afectado, pero de facto, y en términos políticos, supone una garantía para hundirlo. Por muy injusto que sea. En este país se ha instalado una falsa moral, en la que lo políticamente correcto impera sobre todas las cosas. No hay que exigirle a un cargo público lo que no se le exige a otro ciudadano. Cualquier profesional que resulta imputado en un caso judicial no deja su trabajo. Porque es una barbaridad. Porque a la Justicia hay que darle su espacio para que sea la que determine en qué momento una persona queda inhabilitada para ejercer un cargo público. Hasta entonces no hay motivos que no sean los impostados para que dimita. No sería Magdalena Álvarez la primera que se viera obligada a irse y después resulta absuelta. Por eso se entiende que prefiera estar antes 'partía' que 'doblá'. Ánimo.