La investigación del 'caso Edu' se extiende desde Málaga a toda Andalucía

Los mandos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aseguran que son incapaces de cuantificar aún hasta dónde llegaría el supuesto fraude. Pero advierten de que la 'operación Edu', que aún está dando sus primeros pasos, podría superar los 140 millones del caso de los falsos ERE que investiga la juez Alaya.

En el punto de mira de los funcionarios y de los inspectores de Hacienda y la Seguridad Social están centenares de empresarios, miembros de la administración, sindicalistas, dueños de academias y falsos alumnos que se beneficiaron de subvenciones supuestamente malversadas.

Las pesquisas comenzaron hace algo más de un año después de que la delegación de la Seguridad Social en Málaga descubriera una extraña anomalía. Los inspectores comprobaron que una serie de alumnos de los cursos no habían sido dados de alta y, por tanto, se habría incumplido el compromiso de contratación suscrito por las empresas beneficiarias de las subvenciones concedidas por la Junta a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El descuadre detectado por la Seguridad Social es, en esencia, el nudo gordiano de la supuesta trama. Los funcionarios comprobaron después que esas empresas habían obtenido el 75% del importe de las ayudas concedidas para la organización de los cursos y sin embargo, al término de los mismos, no habían reclamado el 25% restante, que permanecerían en las arcas de la Administración autonómica.

El caso cayó en manos de un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes comenzaron entonces a verificar los datos de las sociedades bajo sospecha, su actividad -muchas carecen de ella actualmente- y los cursos para desempleados que organizaron. En ese punto, el foco de la investigación se colocó sobre una veintena de empresas malagueñas.

El 14 de enero, la UDEF reclamó a la Junta 17 expedientes en concreto con el fin de cruzar los datos que habían obtenido con los que obraban en poder de la Administración. El Gobierno autonómico les entregó la documentación tres semanas después. En ella, figurarían subvenciones por un importe que ronda los 1,5 millones de euros.

El último tramo de esa primera fase de la operación lo cubrieron la semana pasada. Agentes de la unidad desplazados desde Madrid ocuparon un despacho en la comisaría malagueña y otros dos en sendos puntos de la provincia para recibir a los alumnos cuyos nombres aparecían en la documentación incautada. Desde entonces, han tomado declaración ya a unas 250 personas. Buena parte de ellos ni siquiera llegaron a asistir un solo día a clase. A otros se les obligaba incluso a firmar un acta notarial en la que aseguraban que no tenían intención de incorporarse al mercado laboral.

De la veintena de empresas por las que empezó la investigación, los agentes detectaron posibles irregularidades en cerca de 15. Habría tres supuestos. El primero sería el incumplimiento del compromiso de contratación, que según el pliego de condiciones es de seis meses para, como mínimo, un 60% de los asistentes a los cursos. El segundo escalón es el de los cursos que se daban a medias, o que no se ajustaban al programa por el que habían sido subvencionados. Pero el tercero sería el más sangrante de todos. Según las fuentes, en ocasiones los cursos ni siquiera habrían llegado a impartirse, pese a haber cobrado las ayudas correspondientes para ello.

Expedientes en tramitación

Los 17 expedientes en los que se ha centrado esta primera fase de la operación son del año 2010. Fuentes del Gobierno autonómico explicaron que la mayoría de ellos estaban pendientes de comprobación por parte del Servicio Andaluz de Empleo, por lo que «aún se está a tiempo de solicitar el reintegro de las subvenciones en caso de confirmarse las irregularidades». Las mismas fuentes aseguraron que habitualmente es la propia Junta la que, al detectar alguna anomalía, solicita a las empresas la devolución de las ayudas, «de ahí que se retenga siempre el 25% a falta de que concluya el expediente».

La lectura que hacen los investigadores es bien distinta. Al parecer, la documentación examinada hasta el momento sugiere que la Administración regional podría no haber ejercido la suficiente labor de control de las ayudas millonarias que otorgó para la inserción laboral de desempleados. Y también intuyen que están tan solo ante la punta del iceberg.

Tras elaborar un primer informe que obra ya en poder de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, los agentes de la UDEF han extendido el horizonte del caso a todas las subvenciones concedidas entre los años 2009 y 2011 para cursos de formación en Andalucía, que según las fuentes consultadas ascendería a 3.700 millones de euros. La elección de las fechas (2009-2011) no es casual. La policía ha escogido esa horquilla temporal para centrarse en las posibles irregularidades que no hayan prescrito.