El juez aparta al dueño de Aifos por entorpecer la gestión de los administradores concursales

«Aún queda tela por cortar en este concurso y la tijera no la pueden empuñar dos que pretenden clavársela mutuamente». De esta forma tan gráfica resume el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga la compleja situación que atraviesa Aifos a raíz de la «guerra civil» que desde hace meses están librando los responsables del grupo inmobiliario y los administradores concursales sobre el rumbo que debe tomar la compañía para evitar la quiebra y garantizar que sus más de cinco mil acreedores recuperen su dinero, todo un reto teniendo en cuenta que la deuda asciende a 900 millones de euros. Finalmente, el juez ha optado por zanjar el conflicto descabezando a la empresa al aceptar la petición de los auditores judiciales de apartar a su presidente, Jesús Ruiz Casado, al considerar que está dificultando la gestión y, sobre todo, después de la condena de tres años de prisión impuesta por el 'caso Malaya' (la sentencia no es firme).

A partir de ahora, se rompe esa especie de bicefalia quedando las riendas en manos de los administradores, a quienes el magistrado insta a hacer las gestiones tendentes a conseguir un convenio con los acreedores que permita a la entidad desviarse del camino que conduce a su liquidación.

«Aifos en estos momentos es ingobernable, lo que conlleva que sea inviable que las dos partes sigan gestionando la sociedad con una mínima eficacia», afirma el magistrado en un auto en el que considera que «sólo existe» la vía de la suspensión del dueño para atajar esta situación, con el convencimiento de que «es el concurso y los intereses de los acreedores lo que desde ahora va a centrar todos los esfuerzos en este procedimiento».

Tardanza en actuar

Oficialmente, ganan los tres administradores concursales, cuya recusación también había sido solicitada por los responsables de Aifos. Aunque la realidad es que también salen escaldados en el escrito, fechado el pasado 27 de febrero y que ayer fue notificado a las partes. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, el juez cuestiona «por qué han tardado casi cinco años» en denunciar la supuesta falta de colaboración de Ruiz Casado ocultándoles información, ejecutando presuntas operaciones tendentes a descapitalizar la empresa antes de que entrara en concurso o «imposibilitando» el acuerdo con distintas entidades financieras.

«La situación se asemeja a una especie de casa sin gobierno, el que debería haber ejercido la administración concursal», recrimina el juez, quien asegura que la petición de intervención «es lo suficientemente importante como para hacer algo más desde hace tiempo para evitar esa anarquía donde la administración social de Aifos hace y deshace a su antojo sin importarle mucho cuál sea el mandato de la administración concursal designada por este juzgado».