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JUAN SOTO
Martes, 15 de octubre 2013, 09:53
Ni en la peor de sus pesadillas hubieran pensado que vivir en Soliva, la nueva zona de expansión de Málaga y por cuyas viviendas suspiraban más de 30.000 personas, se iba a convertir en un castigo. Si en 2001 soñaban con obtener alguna de las 1.490 viviendas que hay en la zona, once años después decenas de familias no ven el momento de dejarlas. De hecho, muchas familias de alquiler se están planteando devolver los pisos al Instituto Municipal de la Vivienda por los problemas de okupas y la falta de mantenimiento.
Juan Diego, un vecino de las VPO de renta que prefiere no dar su apellido, asegura estar desesperado. «Nos queremos ir, aquí no se puede vivir, y desde el IMV nos cierran todas las puertas», sentencia. Este joven dice que en los últimos meses han padecido una plaga de ratas y cucarachas y que la convivencia es muy complicada. «No se puede dormir, llegan los coches con la música a todo volumen, gritando y dando voces toda la noche», expone.
José Vila, presidente de la asociación de vecinos de la barriada, confiesa que muchos propietarios se muestran preocupados por el cariz que está tomando la zona y que incluso quieren analizar los problemas en profundidad con los responsables municipales. Apunta que en esta zona se han instalado varias familias okupas y comienzan a producirse algunos roces entre diferentes familias.
También se muestra preocupado porque la barriada apenas tiene servicios varios años después de entregarse las viviendas. Explica que los locales comerciales están casi todos cerrados, que las calles no se limpian a diario y que no tienen ni un autobús que recorra sus vías. «Hemos pedido un arreglo integral y queremos que nos expliquen si esta barriada va a ir a mejor o a peor».
Verónica Fernández, una de las propietarias que se muestra más molesta con el rumbo que está tomando el barrio, asegura que el IMV les tiene «abandonados». Vive en uno de los pisos de alquiler y dice que «está todo muy sucio, no hay higiene y el mantenimiento de las viviendas es nulo». Esta propietaria denuncia que pagan bastante comunidad y que las zonas comunes están sucias a pesar de que tienen un conserje que se encarga del mantenimiento. «No entendemos en qué se gastan el dinero», sostiene.
Actuación integral
Desde el Ayuntamiento aseguran no ser ajenos a todas estas reclamaciones, aunque piden algo de paciencia a los propietarios, ya que la barriada debe ir haciéndose poco a poco. El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, explica que Soliva es un barrio nuevo «y todavía hay muchas cuestiones en las que hay que trabajar, como la mejora del entorno y en darle un poco de vida a la zona».
Para conocer de primera mano toda la problemática, han puesto en marcha un equipo de mediadores de barrio que están realizando encuestas puerta a puerta. «Es un barrio con mucha diversidad de población y cuyos vecinos deben aprender a convivir», sostiene Pomares. En este sentido, dice que «los vecinos han hecho bien en demandar mejoras porque estamos a tiempo de construir un barrio que sea un ejemplo en toda la ciudad».
Mientras esto llega, los propietarios exigen que se controle especialmente a las personas que no cumplen con los requisitos para estar viviendo allí. Miguel Ángel Molina recuerda que cuando ellos firmaron los contratos les dijeron que si no pagaban los podían echar en dos años. «Eso no se está cumpliendo, la gente no paga y las comunidades tienen unas deudas enormes, que va en prejuicio de todos».
Cree que si se mejorara en este aspecto «se lograría que las personas que solo llegan para dar problemas se lo pensaran dos veces antes de ir allí». Piensa que sería el principio del camino a seguir.
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