La Junta debe ya casi 12 millones de euros a las residencias y centros de día de la provincia

Pero no son los únicos damnificados de los recortes que están haciendo tambalearse la Ley de Dependencia en la provincia. Las residencias para la tercera edad y los centros de día que atienden a las personas dependientes se encuentran contra las cuerdas debido a los impagos de la Junta de Andalucía, encargada de aplicar el tijeretazo, que adeuda ya 11,8 millones de euros correspondientes a los meses de junio, julio y agosto, según fuentes del sector.

Asfixiados por las deudas

En total, debe 3,15 millones por las 1.680 plazas en los centros de día por el trimestre, por las que paga una media de 625 euros mensuales por cada una; y 8,27 millones de euros por los 2.728 puestos en residencias, de las que abona una media de 1.066 euros. Según las mismas fuentes, los precios oscilan en función de la renta de los usuarios, aunque lo estipulado es que el beneficiario aporte el 75 % del coste de su pensión en las residencias y el 40% en los centros de día. La Junta reconoce solo 9,4 millones de euros de deuda correspondiente a dos meses, ya que estiman que agosto está aún en plazo de pago.

Las residencias denuncian que están soportando solas el peso de la prestación pública. Y los retrasos están provocando serias dificultades para pagar a los proveedores o incluso para abonar los salarios de los trabajadores. Muchas compensan con sus plazas privadas el agujero en el que se han convertido las públicas. Pero las más pequeñas están asfixiadas y se plantean el cierre.

Patricio Fuentes, director de la residencia sin ánimo de lucro El Buen Samaritano de Churriana, asegura que la Junta le debe 240.000 euros por las 75 plazas concertadas de residencia y 10.000 por las 16 del centro de día. «Estamos haciendo encaje de bolillos y atrasando el pago a suministradores, pero no sabemos hasta cuándo sobreviviremos», dice.

En la Fundación La Esperanza, con centros en Alhaurín de la Torre y Churriana, ya no están pagando las cotizaciones por sus 105 trabajadores a la Seguridad Social, a la que deben 36.000 euros. La Junta le adeuda 300.000 euros por los 51 puestos de residencia concertados, 30 de unidad de estancia diurna y 20 de un centro ocupacional para discapacitados. «No podemos pagar a proveedores, vamos a arrastrar durante años los intereses por no pagar en su tiempo los seguros sociales y si no nos ingresan un cuarto mes, no sé cómo podremos seguir funcionando», indica Mari Paz Dobado, gerente de la entidad.

Dobado apunta a otro problema. Desde enero, la Junta no está cubriendo la tasa de reposición, es decir, que cuando una familia saca a un anciano de la residencia o este fallece, no se cubre la plaza libre. Esto está haciendo que muchas empresas se replanteen los conciertos. «Nosotros estamos pensando un cambio para pasar a la privada la mayoría de nuestras plazas, a pesar de que hace solo cuatro años hicimos una gran inversión para cumplir los requisitos de la Junta y tener una gran parte en la pública», señala el director de un centro de la Costa del Sol.

Los ancianos vuelven a casa

Pedro Pardo, director de Los Magnolios, en Rincón de la Victoria, indica que en su residencia ya han tenido que recortar personal. En total, les deben 180.000 euros y se mantienen gracias a sus 75 puestos privados. Pardo explica también una nueva tendencia: muchas familias están sacando a sus abuelos de la residencia o de los centros de día por la crisis. «Prefieren cuidar a la persona dependiente en casa porque su pensión ayuda a la economía doméstica y pueden pedir la prestación por el cuidado en el entorno familiar; muchos hogares están viviendo de los ancianos», asegura. También lo confirman desde El Buen Samaritano, donde tienen 14 de sus 30 plazas de centro de día libres.

Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, los retrasos de más de dos meses en las residencias podrían llevar al colapso del sistema y lamenta que las familias opten por sacar de los centros a los ancianos para cobrar la prestación por cuidado familiar porque no generan riqueza ni empleo cualificado.

Las residencias transmiten su temor ante los rumores de que la Junta pueda rebajar el precio del concierto, ya de por sí muy alejado de su coste real. Una incertidumbre que se suma al hecho de que la administración autonómica no dé una explicación clara. Por su parte, fuentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social afirman que se trata de un problema de Tesorería por el cumplimiento del objetivo de déficit y por la retirada presupuestaria del Estado, pero que la voluntad es la de pagar «cuando se pueda».