El fiscal cambia la cárcel para Martín Serón por una multa millonaria

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, enjuiciado por corrupción urbanística no irá a la cárcel si, en el peor de los casos, resulta condenado. El fiscal cerró ayer esa posibilidad al cambiar notablemente su escrito acusatorio final, en el que sustituyó la pena de cuatro años y medio de cárcel, que inicialmente solicitaba, por el pago de una multa de dos millones de euros (frente a los 500.000 euros que pedía inicialmente) y tres años y nueve meses de suspensión para ocupar cargo público por trece delitos de cohecho. Idéntica pena solicitó para el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.

Solo el regidor y el edil continúan sentados en el banquillo de los acusados por el 'caso Troya' después de que el representante del Ministerio Público retirara ayer también la acusación contra los dieciocho procesados restantes (dieciséis empresarios y dos funcionarios municipales), que abandonaron la sala de vistas tras hacerse público que ya no pesaban cargos contra ellos.

El 'caso Troya', pues, se ha desinflado. Cinco años después, la supuesta trama de corrupción urbanística destapada por la policía en el municipio en la que presuntamente estaban implicados numerosos empresarios queda reducida al enjuiciamiento de la conducta del alcalde y el concejal, al quedar exentos de culpabilidad el resto los acusados.

El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo-Rubio, llegó a la vista oral con cambios en la cartera. Tras retirar la acusación por delito urbanístico, mantuvo los cargos contra Martín Serón y Guerra, aunque sólo por cohecho, en concreto por 13 delitos de carácter continuado, del artículo 425 del Código Penal pero con la redacción vigente en el momento en que se cometieron los hechos (2002-2006), al considerarla la acusación pública «más beneficiosa» para los procesados, y que se refiere a la petición de dádiva para actos propios del cargo. Es decir, el fiscal considera que Serón y Guerra pidieron dinero por conceder licencias.

A pesar de las modificaciones, el representante del Ministerio sigue sosteniendo en su escrito final que entre 2002 y 2006 «ha venido funcionando una trama cuyo objeto no era otro que el obtener el enriquecimiento personal ilícito» de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, que «exigían» a los empresarios y promotores inmobiliarios, «la entrega de ciertas cantidades de dinero» a cambio de licencias de obras.

Las sumas se calculaban de forma proporcional «en cuanto a los metros edificables y viviendas a construir sobre la base de un pretendido exceso de edificabilidad y de viviendas permitidas respecto de lo legalmente previsto en la norma de planeamiento municipal», añade en su escrito el fiscal, que sin embargo ha retirado la acusación por delito urbanístico . No obstante, precisa que durante el juicio «no se ha acreditado» realmente la existencia de exceso de edificabilidad ni de viviendas.

Calvo-Rubio precisa en sus conclusiones finales que todas las autoridades municipales de urbanismo «consideraban plenamente eficaz y en vigor» el PGOU de 1994, aunque añade que desde el punto de vista penal se considera que la normativa en vigor era la de ámbito provincial de 1975. Hace referencia también a la «confusión» existente en cuanto a la normativa que era aplicable y considera que probablemente fue creada desde el propio Ayuntamiento, lo que «contribuyó a crear un clima propicio a las exigencias planteadas de cantidades de dinero para la concesión de las licencias de obras». No obstante, matiza que «al parecer», todas las licencias «cumplían» la norma urbanística aplicable, según los peritajes aportados por las defensas.

Casi 800.000 euros

La responsabilidad de la conducta delictiva la hace recaer por igual en el edil de Urbanismo y en alcalde, ya que el primero, según siempre su escrito acusatorio, se encargaba directamente de negociar las condiciones urbanísticas y las contrapartidas a abonar por los empresarios, así como de la contabilidad, pero «siempre bajo la supervisión y dirección del alcalde». Recuerda también que estos pagos aparecen recogidos en ciertas anotaciones manuscritas y archivos informáticos intervenidos a Gregorio Guerra.

Según esas anotaciones, los procesados recibieron un total de 211.900 euros, en relación a cuatro proyectos de construcción, aunque el fiscal añade que habrían exigido a otros empresarios un montante de 575.105 euros más cuyos pagos no se han podido acreditar, por lo que la cantidad total ascendería a 783.005 euros.