Se acabó vivir de papá

Rafael (nombre ficticio del joven) tiene 25 años. No trabaja y está matriculado en la Facultad de Derecho, aunque con un expediente académico deficiente, ya que solo tiene aprobadas tres asignaturas de toda la carrera. En definitiva, da el perfil de lo que se ha llamado generación 'ni-ni', jóvenes mayores de edad que viven con sus padres y que ni estudian ni tienen un empleo.

Además, la convivencia familiar era ya insostenible por el alto grado de tensión y conflictividad que había alcanzado. En este ambiente de hostilidad llegó un momento en que los progenitores se negaron a entregar el dinero que les exigía su hijo. La reacción de éste no se hizo esperar. El joven presentó una demanda en el juzgado en la que exigía a sus padres que le pagaran 400 euros mensuales además de seguir viviendo en el domicilio.

Los padres declararon ante el juez que el chico les maltrataba psicológicamente y les insultaba, lo que en la sentencia se considera acreditado por la declaración de otro hijo. Los progenitores explicaron que el joven no trabajaba, que con 25 años estaba todavía en primer curso de Derecho y que solo había aprobado tres asignaturas. Además, le habían venido manteniendo durante todo este tiempo e incluso le habían comprado un coche por el que estaban pagando 235 euros al mes.

Pensión de 200 euros al mes

Dado que el ambiente ya era muy conflictivo, pidieron al juez que obligara a Rafael a dejar el domicilio, ya que consideraban que podía vivir por su cuenta, argumentando que, incluso, tenía conocimientos en el sector bursátil, al que se había dedicado en alguna ocasión realizando operaciones a corto plazo. No obstante, los progenitores, con tal de acabar con esa situación, mostraron su voluntad de abonarle una pensión temporal de 200 euros durante dos años a su hijo.

El juez ha desestimado las pretensiones de Rafael, al que reprocha su mala conducta y la falta de respeto a sus padres provocando «una convivencia insostenible que no están obligados a soportar». Igualmente la sentencia califica de «inconsistentes» las excusas dadas por el joven para tratar de justificar su deficiente expediente académico alegando que el retraso se debía que sus padres no le habían pagado la matrícula «algún año», excusa que el juez considera «hiriente» teniendo en cuenta el nivel económico de los progenitores, que «son dos trabajadores sin cualificación».

Por todo ello, el magistrado declara el cese de la obligación de alimentos de los padres para con su hijo y le comunica a éste que tiene un plazo de 30 días para recoger todos su efectos personales y abandonar el hogar familiar.

No obstante, atendiendo a la propuesta de los progenitores y para no generar en Rafael «una situación de repentina de inasistencia», acuerda que le abonen temporalmente una pensión de doscientos euros al mes durante dos años.