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Héctor Barbotta
Viernes, 2 de octubre 2015, 00:45
El decreto de viviendas turísticas estará aprobado para marzo y entrará en vigor antes del verano. Así lo aseguró ayer en Marbella el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, que aseguró que la Consejería prevé contar con la colaboración de los ayuntamientos en el combate contra los alojamientos ilegales. Fernández, que intervino en un coloquio organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, donde pronunció una ponencia sobre los retos del destino Andalucía en materia de calidad y excelencia turística, advirtió que erradicar este tipo de alojamientos constituye una tarea esencial a la hora de garantizar la calidad del destino.
El consejero reconoció que se trata de un problema que preocupa al sector en todas las provincias andaluzas y que debe erradicarse cuanto antes, ya que se corre el riesgo de que se esté creando un modelo de turismo de baja calidad que tenga un efecto nocivo hacia la percepción de los destinos andaluces por parte de quienes los visitan. «Ahora es el momento de pararlo», dijo Fernández, para quien el arma fundamental para hacerlo es el decreto de viviendas turísticas en el que su Consejería está trabajando.
Según el responsable de Turismo, en este asunto será muy fácil llegar a un consenso entre todos los agentes implicados, ya que quienes promueven este tipo de alojamientos al margen de la norma no pueden estar representados. «No hay un sector que represente a la ilegalidad, porque no puede haberlo ni puede ser un interlocutor nunca», resaltó.
El consejero subrayó la necesidad de que haya una regulación normativa que impida que los alojamientos alegales sean una competencia para el sector turístico y que constituyan una forma de ocultar trabajo, suministros e ingresos sumergidos y una falta de seguridad para los turistas. «Tenemos que regular para que todos estén en las mismas condiciones, que todos jueguen con las mismas reglas y que nadie gane dinero a base de una alegalidad o de la falta de regulación», aseguró.
Moratoria
Fernández se comprometió a que para el inicio de la próxima temporada alta ya exista un decreto aprobado y en vigor. «Esto me obliga a tener este decreto aprobado entre febrero y marzo, porque después requiere de una moratoria de tres meses», indicó.
La segunda línea de actuación de la Consejería contra los alojamientos al margen de la norma irá dirigida a los portales que facilitan este tipo de contrataciones. «Si tengo algo que marca lo que es legal y lo que no lo eso, debemos evitar que nadie anuncie lo que no es legal, y en eso estamos trabajando», dijo.
P. MARTÍNEZ. Málaga ha tomado la iniciativa para ir poniendo orden en esta oferta de alojamiento de viviendas turísticas mientras que llega la regulación que compete a la Junta de Andalucía. Ayer se reunió por primera vez una mesa de trabajo en la que participaron todas las administraciones, desde la Subdelegación del Gobierno, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, así como representantes de todos los sectores, incluidos los consumidores y la asociación de empresarios de este tipo de modalidad alojativa, Apartsur. En este encuentro se puso de manifiesto la urgencia por contar con una normativa que saque de la alegalidad a esta oferta y que permita a los distintos sectores competir en igualdad de condiciones.
Desde el Ayuntamiento de Málaga explicaron que «todos los presentes en el encuentro han coincidido en que la aprobación del decreto es imprescindible para regular un sector que no para de crecer y que puede afectar a la calidad de los destinos.
Mientras llega esta regulación, acordaron aplicar un código de buenas prácticas. Los representantes de Apartsur propusieron también la homogeneización de la normativa tributaria y la emisión de certificados de calidad.
En Málaga, un informe de Exceltur cifraba en unas 29.000 las plazas de estas viviendas turísticas, lo que supone casi el triple de las que ofrecen los hoteles. El concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Julio Andrade, insistió en la importancia de promover un marco legal para ordenar este fenómeno habida cuenta del carácter estratégico del turismo en términos de empleo, contribución al PIB y a la recuperación económica.
En el encuentro coincidieron que la ausencia de esta norma provoca problemas a la seguridad, la protección del consumidor y la fiscalidad, además de una clara competencia desleal a los hoteleros.
Existe un tercer factor y está relacionado con los trabajos de inspección. Y en ese sentido adelantó que para ello la Consejería pretende contar no solamente con sus propios inspectores, sino también con la colaboración de los ayuntamientos. «Lo que se regule desde la Junta deberá contar con una licencia municipal, y ahí vamos a tener a la Policía Local de cada uno de los ayuntamientos que también colaborarán en la detección de este mercado irregular».
Para el consejero, el turismo que llega atraído por este tipo de alojamientos va en la dirección de reducir precios y calidad , y eso redunda en un desprestigio de la marca turística y atenta contra la fidelización de los mercados.
Por otra parte, recordó que la estrategia que impulsa la Consejería de Turismo en este sector estratégico de la economía andaluza se sustenta en cuatro pilares, según explicó ayer Fernández ante un auditorio de unos 150 empresarios convocados por el CIT Marbella en el hotel Guadalmina: la sostenibilidad económica, social y ambiental; la segmentación de sectores que se alimentan entre sí; la innovación y la calidad. Esta última, según el consejero, constituye uno de los mayores retos del mundo turístico y no supone una meta, «sino un camino a seguir»
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