Diario Sur

La falta de depuración en la Costa le cuesta a España una multa millonaria de la UE

Las obras de la depuradora de Nerja arrancaron en enero de 2014, pero ha sufrido varios parones desde entonces.
Las obras de la depuradora de Nerja arrancaron en enero de 2014, pero ha sufrido varios parones desde entonces. / Eugenio Cabezas
  • Bruselas pide un mínimo de 46,5 millones por los vertidos de aguas fecales en 17 grandes localidades del país, entre ellas Nerja, Estepona, Marbella, Coín y Alhaurín el Grande

La inacción de las administraciones públicas a la hora garantizar el vertido cero de aguas residuales puede salir muy cara, no ya solo por el evidente daño ambiental y su repercusión en destinos turísticos como la Costa del Sol, sino también en el puramente económico. Cinco años después de que el Tribunal de Justicia de la UE condenara a España porque en 2001 aún había 37 ciudades mayores de 15.000 habitantes que no depuraban correctamente sus aguas, la Comisión Europea (CE) se ha cansado de esperar y ha decidido llevar de nuevo al Estado ante el tribunal comunitario debido a que día de hoy 17 de esas localidades todavía siguen sin tratar sus aguas. Ahora sí que pedirá que se ejecute la sentencia y se imponga una sanción de al menos 46,5 millones de euros, más una multa de 171.217 euros diarios si los deberes siguen pendientes cuando los jueces dicten su segunda resolución. En esa lista de puntos negros figuran Marbella (San Pedro), Estepona, Nerja, Alhaurín el Grande y Coín. También estaban Benalmádena y Torrox, aunque en estos dos municipios ya se solucionó con sendas depuradoras construidas por la Junta de Andalucía en 2007 y 2011, respectivamente.

Bruselas justifica su paso al frente «dado el deficiente progreso registrado hasta la fecha». Así de tajante se expresaba ayer el Ejecutivo comunitario, donde recordaron que la normativa de la UE obligaba a las ciudades de más de 15.000 habitantes a tratar sus residuos antes del 1 de enero de 2001. Además de esta procedimiento sancionador, sobre España pesa otro relativo a zonas ambientalmente sensibles que no afecta a la provincia de Málaga, además de tener en marcha un tercer expediente por los 912 núcleos de más de dos mil habitantes que siguen incumpliendo la directiva que, en este caso, fijaba como fecha tope enero de 2016.

«La falta de un nivel adecuado de recogida y tratamiento de las aguas residuales plantea riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el entorno marino», advierte la CE, para la que los reiterados incumplimientos han pesado más que el diálogo permanente que desde el Ministerio de Medio Ambiente vienen manteniendo con la institución europea para informar de los progresos y tratar de evitar que los procedimientos sancionadores abiertos culminen en la imposición de una multa económica.

¿Quién lo paga?

De momento, la pelota está en el tejado del tribunal comunitario pero, llegado el caso, ¿a quién le correspondería hacer frente a esta penalización? Desde Medio Ambiente aseguran a este periódico que aunque la sanción recaería sobre el Estado dado que la directiva europea establece que debe velar por que las ciudades cumplan, «la competente en esta materia son los ayuntamientos, con el auxilio de las comunidades autónomas». En cualquier caso, sí que reconocen que el Estado tiene su responsabilidad en los proyectos declarados de interés general de la Nación, que en el caso concreto de Málaga son los de Estepona y Nerja, ambos en marcha pero con un cúmulo de retrasos que no permiten ponerle fecha a su entrada en servicio.

La demora más flagrante se da en localidad axárquica, la única de todo el litoral malagueño que sigue vertiendo al mar su carga contaminante sin ningún tipo de filtro previo. La construcción de la depuradora (presupuestada en 23,2 millones) arrancó en enero de 2014, pero los continuos obstáculos y parones están lastrando su finalización. Las nuevas previsiones apuntan a que estará operativa a mediados de 2017, una meta que se antoja complicada teniendo en cuenta que aunque la planta de tratamiento como tal está al 90% de ejecución, aún quedan pendientes la estación de bombeo y la mayor parte de los colectores que deben recoger el caudal para dar cobertura a las 125.000 personas que habitan la zona en temporada alta.

Mayor aún es el retraso en las obras de ampliación de la depuradora de Guadalmansa (Estepona), que financia el Gobierno con 30,1 millones pero que ejecuta la Junta de Andalucía. Los trabajos comenzaron en abril de 2010 con la idea de que entrara en servicio dos años después, aunque la sucesión de parones por falta de liquidez impiden ponerle fecha a su puesta en marcha. Cuando llegue ese momento, esta instalación triplicará su capacidad de tratamiento (desde los 35.000 metros cúbicos diarios hasta los 100.000), pudiendo cubrir la demanda de nuevas urbanizaciones de Estepona y varias zonas de Marbella (San Pedro Alcántara), Istán y Benahavís.

La cloaca del Guadalhorce

Si el Gobierno central tiene su cuota de culpa, tampoco se queda atrás el autonómico a la hora de poner fin a los vertidos de aguas fecales al río Guadalhorce, donde cada día acaba la carga contaminante de las cien mil personas que residen en Coín, Alhaurín el Grande, Cártama, Álora y Pizarra. Después de una década en el dique seco, a comienzos de año podrían comenzar las obras de la depuradora del Bajo Guadalhorce y de los 28 kilómetros de tuberías que canalizarán los residuos de Coín, Álora y Pizarra hasta los decantadores, que no estarían a pleno rendimiento hasta dentro de dos años. El presupuesto de la Junta de 2017 tiene reservada una partida de 15,8 millones de euros para la ejecución de estos trabajos, además de para culminar las tuberías que agrupan los vertidos de Alhaurín el Grande y Cártama. El problema es que esta caudal se trasladaría hasta el río Campanillas, donde está previsto que conecte con otro colector hasta la tercera depuradora de Málaga, un proyecto que a día de hoy sigue en el aire a la espera de que la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Málaga lleguen a un acuerdo después de que el Ejecutivo autonómico apostara por reducir su capacidad de tratamiento para rebajar su coste.

Con este panorama, el vertido cero en estas localidades señaladas por la Unión Europea se atisba lejano. Además de los municipios malagueños, en la lista de infractores andaluces también figuran Matalascañas, Isla Cristina, Tarifa y Barbate. El resto hay que buscarlos en Galicia (Santiago de Compostela, Vigo y la aglomeración urbana de Aguiño-Carreira-Ribeira), Asturias (Gijón), Comunidad Valenciana (Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraria) y Canarias (Valle Guerra y Valle de Guímar).