El Parlamento vota mañana el cambio que permitirá legalizar diez mil viviendas en el campo malagueño

Se culminarán ocho años de lucha de los propietarios de una problemática que afecta en la comunidad a unas 300.000 edificaciones, de las que 50.000 están en la provincia y de éstas, 20.000 se localizan en la comarca oriental de la Axarquía. Después de que en 2012 se aprobase un primer decreto de regularización, cuyos efectos prácticos no se acaban de dejar notar, la Junta, empujada por la presión de asociaciones como Save Our Homes (SOHA), siglas en inglés de Salvemos Nuestras Casas, está decidida a dar una nueva salida legal, especialmente centrada ahora en la problemática de las viviendas construidas a partir de parcelaciones rústicas.

Este tipo de inmuebles son muy frecuentes en Cádiz, Córdoba y Almería, y también en la Axarquía. Sólo en Alcaucín hay 200. En concreto, según calculan desde SOHA, la amnistía podría beneficiar a entre 50.000 y 70.000 inmuebles en la comunidad, de los que diez mil estarían en la provincia, fundamentalmente en la zona oriental. La Junta aún no ha hecho cálculos sobre las consecuencias de la modificación de la ley, pero un primer dato facilitado hace dos años señalaba una cifra de entre 25.000 y 30.000 casas en Andalucía.

El portavoz de SOHA y alcalde de Alcaucín por Ciudadanos, el belga Mario Blancke, aseguró ayer que están esperando «con mucha ilusión» la jornada de mañana en el Parlamento, después de que las enmiendas fueran aprobadas por unanimidad. «Es una noticia magnífica para los compradores de buena fe que en su día adquirieron una vivienda en el campo, con licencias otorgadas por los ayuntamientos y todos los papeles en regla», matizó el regidor alcaucimeño.

Críticas de los ecologistas

El PP lamentó que el texto «no reconoce la totalidad de los problemas urbanísticos y no regulariza la mayor parte de las viviendas», advirtió la parlamentaria Patricia Navarro. «Es poco ambiciosa. Sólo se regularizarán, como mucho, una de cada seis viviendas y, por tanto, no da solución a la inmensa mayoría de esas 300.000 familias que viven desde hace años con la amenaza del derribo», dijo.

Por su parte, el presidente del colectivo ecologista GENA, Rafael Yus, apuntó que al incluir la prescripción de las infracciones por parcelación ilegal en suelo no urbanizable, se «premiará a los infractores y delincuentes». «Existe una gran coalición entre PP y PSOE para amparar a los alcaldes delincuentes», consideró, al tiempo que advirtió de una supuesta «prevaricación masiva».