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M. Ángeles González
Miércoles, 2 de julio 2014, 01:35
Si al sobrecoste de las hipotecas se le suman las tasas judiciales, los honorarios de abogados y procuradores y las costas, enfrascarse en una batalla judicial por eliminar la cláusula suelo y recuperar el dinero cobrado indebidamente puede echar para atrás a más de uno, sobre todo en estos momentos de paro y crisis económica. Surge ahí la pregunta de si es posible reducir los costes que conlleva el procedimiento repartiéndolos entre varios afectados. La respuesta es sí. De hecho, son muchos los malagueños que se han sumado ya a demandas colectivas o conjuntas buscando ahorrarse unos euros, al tiempo que sienten que hacen más presión sobre este asunto, que afecta a miles de personas en toda España.
Según datos aportados por abogados y asociaciones de usuarios, son más de un millar los afectados de la provincia que han agrupado las actuaciones contra entidades bancarias por esta cláusula que impide beneficiarse de la bajada del euríbor. Aunque en numerosos casos esta condición ya ha desaparecido de los préstamos tras la sentencia del Tribunal Supremo de mayo del año pasado que la declaraba nula, hay consumidores que no se conforman con eso y reclaman su aplicación con carácter retroactivo y la devolución de la cantidades cobradas de más.
Tanto la petición de nulidad como el reintegro del dinero puede conllevar unos costes que superan los 4.000 euros, según explica el abogado malagueño Antonio Castillo Gómez, que ha presentado la primera demanda conjunta, que no colectiva, admitida a trámite en Málaga por este asunto.
Este letrado detalla que el afectado debería abonar 318 euros de tasas judiciales 300 correspondientes a la parte fija y 18 a la variable, ya que al considerarse un procedimiento por cuantía indeterminada, se aplica el 0,10% sobre 18.000, además de los honorarios propios y de las costas del contrario si pierde el juicio. «Estas pueden ir entre los 3.500 y los 4.000 euros», según Del Castillo, que aclara que las demandas colectivas sólo pueden presentarlas determinadas entidades como asociaciones de consumidores, ayuntamientos o diputaciones. Las conjuntas, sin embargo, «son la acumulación en un mismo procedimiento de varias acciones individuales que ejercitan desde el inicio los consumidores perjudicados».
En la demanda contra Cajamar que ha admitido recientemente a trámite el juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga, estos gastos se reparten entre los 18 que reclaman la devolución de más de 69.000 euros. Esto, en la práctica, supone que en el peor de los casos, si perdieran el juicio, cada uno pagaría 239 euros más los honorarios del abogado, que según Castillo suelen rebajarse cuando se agrupan las demandas.
A los malagueños que agrupan sus reivindicaciones hay que sumar cientos de demandas individuales que ya han dado sus frutos en los juzgados malagueños con un aluvión de sentencias favorables a los hipotecados. Sólo en junio, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha emitido cinco resoluciones en las que declara la nulidad de la cláusula suelo y ordena la devolución del dinero. Las entidades afectadas son Cajamar (con dos casos), BBVA, Banco Popular y Unicaja, y el dinero que tendrán que abonar a sus clientes se eleva por encima de los 23.000 euros, según se desprende de las sentencias, a las que pudo acceder SUR. El pasado mes de marzo la Sección Sexta de la Audiencia Provincial se pronunció por primera vez sobre las cláusulas suelo, confirmando la anulación con efecto retroactivo de esta condición hipotecaria. La financiera demandada (Credifimo) recurrió esta decisión ante el Supremo, pero la Audiencia Provincial rechazó el recurso.
Por su parte, el delegado de Ausbanc en Málaga, Alfredo Martínez, defiende que el ahorro es mínimo y que no compensa la demora que puede sufrir el procedimiento judicial. A su entender, el único gasto que se repartiría entre los afectados son las tasas porque descarta al cien por cien que los afectados tuvieran que hacerse cargo de las costas. Al pedirte la nulidad de la cláusula suelo y la devolución de lo cobrado de más, sólo es necesario que el juez les dé la razón en una de las reclamaciones para que eviten el pago de los gastos procesales del contrario. «No ha habido ni un solo juzgado que haya rechazado la nulidad», recuerda Martínez, que advierte de que sumarse a una demanda colectiva puede alargar su presentación por la necesidad de recopilar información y el procedimiento puede prolongarse hasta los dos años.
El abogado Antonio del Castillo, sin embargo, alerta de que en el caso de las entidades a las que se refirió el Supremo en su sentencia Cajamar, BBVAy NCG Banco, estas pueden argumentar la excepción de cosa juzgada, es decir, la preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto, para no declarar nula la cláusula suelo en un préstamo concreto.
De más del millar de malagueños que han optado por sumar sus demandas a las de otros, más de 900 lo han hecho a través de Adicae, en varias demandas colectivas organizadas en la provincia o sumándose a la macrodemanda a nivel nacional que este colectivo ha presentado en Madrid en nombre de 15.000 afectados. A estos malagueños hay que sumar al menos otros veinte que participan en dos demandas que mantiene en trámite la Unión de Consumidores (UCE-Málaga) contra el Banco Santander y Unicaja. Asimismo, según explicó este colectivo, ya hay fecha de audiencia previa de la demanda con acumulación de acciones contra Cajasur, prevista para junio de 2015.
Dónde acudir: Adicae: 952352423 / Ausbanc: 952060120 / UCE: 952217858
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