Diario Sur

El Ayuntamiento inyectó al Palacio de Congresos más de 11 millones pese a sus pérdidas

La empresa municipal que gestionaba el Palacio de Congresos se encuentra en fase de liquidación. :: a. g.
La empresa municipal que gestionaba el Palacio de Congresos se encuentra en fase de liquidación. :: a. g.
  • El Gobierno denuncia «la mala gestión e ineficacia» del exgerente, que afirma que interpondrá una querella contra el alcalde por supuesta difamación

El Ayuntamiento de Torremolinos inyectó al Palacio de Congresos y Exposiciones más de once millones de euros entre 2004 y 2015. Pese al respaldo económico del Consistorio, la empresa municipal que gestionaba el recinto arrojó pérdidas por valor de 353.909 euros en este período. La sociedad se encuentra ahora en trámites de liquidación después de que el Ministerio de Economía y Hacienda, amparándose en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ordenara la disolución del consorcio por el déficit acumulado en 2013 y 2014. La situación del Palacio ha generado un duro cruce de acusaciones entre el PSOE, que gobierna en minoría desde junio del año pasado, y el exgerente del recinto, Luis Callejón.

El Gobierno municipal que preside José Ortiz sostiene que «la mala gestión y la ineficacia» de Callejón han provocado «el despilfarro» de los 11,3 millones de euros recibidos del Ayuntamiento desde 2004. Por su parte, el exgerente del Palacio recuerda que lleva «57 años cotizando en puestos de responsabilidad» y que fue Ortiz quien le pidió que siguiera en el cargo pese a que su contrato finalizaba en julio de 2015, una decisión que impidió que las arcas municipales se ahorrasen la jubilación de Callejón, recientemente negociada. Desde el Consistorio aseguran que el sueldo de Callejón ascendía a 63.103 euros anuales, más que el propio alcalde, y revelan que entre 2012 y 2015 cobró más de 49.000 euros en concepto de dietas, además de otros gastos como 9.500 euros en viajes a Uruguay, Lima y República Dominicana para promocionar la feria Euroal, que en su última edición registró más de 30.000 euros en pérdidas.

Los balances de cuentas del recinto, uno de los mejor equipados de la Costa del Sol, sacan a la luz decenas de eventos deficitarios que se mantuvieron durante años sin que se alterara su estructura. Solo en esta legislatura, la Feria del Dulce de Convento registró pérdidas por más de 2.400 euros y el Beerfest cerró su última edición con un déficit de más de 15.000 euros y el descontento generalizado de los expositores, que presentaron hojas de reclamaciones por la poca afluencia de público y las dificultades para sacar beneficios del evento.

Números rojos

Las empresas municipales alojadas en el Palacio, como Torremolinos Televisión, abultaron durante años los números rojos registrados en el recinto. Desde el Ejecutivo local afirman que el Palacio también firmó convenios con empresas privadas, como en el caso de una mercantil a la que cedía tres oficinas a cambio de servicios de comunicación y a la que cobraba 180 euros al mes por otras dos oficinas. «Su objetivo como gerente era lograr que fuera rentable y supervisar el dinero público, ya que el Palacio recibe cada año más de un millón de euros de todos los torremolinenses», aseguran desde el equipo de gobierno en referencia a la labor de Callejón.

El ya exgerente del Palacio afirma que ha puesto el asunto en manos de un equipo de juristas con el objetivo de interponer una querella contra el alcalde por supuesta difamación. Callejón aseguró ayer a este periódico que el equipo de gobierno «está tratando de echar por tierra mi trayectoria» y denuncia que Ortiz «mantiene los mismos precios» que su antecesor, Pedro Fernández Montes, por lo que las pérdidas «serán mayores, ya que además se están organizando menos eventos que ingresen dinero». El exgerente del Palacio sostiene que una de las condiciones impuestas por el regidor fue que David Obadía, uno de los cargos de confianza designados por el PSOE en el Consistorio, «tuviese un despacho». Obadía, según Callejón, ejerce ahora de «gerente» pese a no estar habilitado legalmente para ello, algo desmentido por los socialistas.