La Junta aprueba de nuevo el decreto sobre planes de empleo tumbado por la oposición

El Consejo de Gobierno volverá a aprobar hoy el decreto ley para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo que fue derogado esta pasada semana al no superar el trámite parlamentario por la negativa de los partidos de la oposición. El voto en contra del PP, Podemos e IU y la abstención de Ciudadanos tumbó el decreto que iba a reformar la ley de inserción laboral de 2015 porque incluía una disposición adicional que permitía a los laborales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) provenientes de empresas públicas gestionar los programas de empleo.

Para la oposición se trataba de una «trampa» para colar a los «enchufados» de la antigua Fundación para el Empleo (Faffe) como empleados públicos, atribuyéndoles potestades administrativas solo propias de funcionarios. Aunque el decreto establece que estos empleados nunca desempeñarían funciones de funcionarios, como por ejemplo tramitar una sanción, la oposición desconfía, sobre todo después de la advertencia de los sindicatos corporativos SAF y CSIF.

El decreto que se apruebe hoy prescindirá de esta disposición, según fuentes de la Junta. El Consejo de Gobierno suprimirá su inclusión para de esta forma poder sacar adelante el decreto, fundamental para que muchos ayuntamientos puedan acogerse a los planes de empleo de la la Junta para más de 36.000 mayores y jóvenes en paro. La norma corrige la ley de diciembre de 2015 que establece que para poder acceder a alguno de los planes, los ayuntamientos deben estar al corriente del pago de deudas con otras administraciones, por ejemplo las cuotas a la Seguridad Social y Hacienda. Esto dejaba fuera a muchos ayuntamientos, lo que en definitiva repercutía en los vecinos de su municipio. El decreto enmienda esta cortapisa.

En paralelo el Gobierno de la Junta va a tomar la palabra a la oposición y a los sindicatos, que reclamaron consenso en la solución a los laborales, y les va a proponer fijar una posición para establecer un criterio definitivo sobre las potestades de cada empleado público, según han confirmado fuentes del ejecutivo.

Se trata de buscar una solución al conflicto originado en las llamadas agencias de régimen especial, como el SAE, en las que conviven funcionarios, contratados laborales y otros laborales llegados de empresas públicas, fundaciones o consorcios. Muchos de ellos han ingresado vía sentencia judicial tras ser despedidos por la Junta, como es el caso de los agentes de empleo. Hay continuos roces por la labor que debe desempeñar cada uno y ante la dificultad de encomendarles trabajo hay muchos que cobran sin hacer nada.

Menos funcionarios

En el SAE hay 1.550 empleados en esta situación, 1.100 de la antigua Faffe, ahora en el ojo del huracán por las irregularidades investigadas sobre los cursos de formación. La agencia, cuya misión es la de poner en marcha políticas activas para mejorar el empleo, tiene establecidos 2.966 puestos de trabajo, de los que solo 636 son funcionarios y hay otros 813 contratados laborales. Todos ellos pasaron por pruebas de acceso y concurrencia pública. A ellos se ha sumado los 1.550 antes mencionados. Los últimos han sido los de los consorcios escuela como La Cónsula y La Fonda. Los mismos roces aunque en menor proporción existen en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) tras asumir los trabajadores de Dacsa. En Agapa hay sobre 2.400 empleados, de los que solo 757 son funcionarios.

Lo que la Junta quiere es establecer un catálogo que fije las labores que puede desempeñar cada empleado público. Los sindicatos habla abiertamente de aprobar de una vez por todas una ley de potestades públicas, que recoja quién hace qué en cada estamento y deje claro lo que está vetado para el que no es funcionario.