Los divorcios de mutuo acuerdo que el Gobierno pretende dejar en manos de los notarios para descongestionar los juzgados suponen solo el 5% de la carga total de trabajo que soportan actualmente los juzgados de Málaga. "Ni va a descargar de trabajo a los juzgados ni va abaratar los procesos de divorcio", ha asegurado el juez de familia, José Luis Utrera, para quien "lo positivo" de la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es la "salida del Estado de las relaciones privadas de las personas, una tendencia heredada del derecho canónico, muy paternalista".
Utrera, experto en la materia y autor, entre otras publicaciones, de la "Guía para un buen divorcio", asegura que las rupturas de mutuo acuerdo sólo suponen el 5% del trabajo de los juzgados de familia, pues lo único que hace el juez en estos casos es "revisar los convenios reguladores a los que han llegado las partes". Recuerda además que el proyecto del Gobierno "no es nada nuevo porque funciona desde hace tiempo en Hispanoamérica, donde los abogados son también notarios".
Este especialisa añade que si se opta por sacar los divorcios de mutuo acuerdo del juzgado hubiera sido, a su juicio, "más acertado dejarlos en manos de funcionarios públicos del registro civil", donde se podría presentar el convenio regulador para su revisión y certificación, dado que este departamento judicial también va a ser reformado al dejar de depender de un juez a partir de 2014 para pasar a ser un órgano más de la Administración del Estado. Opina que lo mismo se puede hacer con los matrimonios civiles.
Sobre el coste de un divorcio notarial, Utrera tiene dudas de que sea más barato, pese a no precisarse ya de abogado y procurador,"porque las tasas y aranceles se liberalizaron por una directiva europea". Para este especialista, esta y otras reformas, como la de cobrar una tasa para presentar un recurso en los tribunales de segunda instancia, pueden a medio plazo provocar "una Justicia de dos velocidades", para personas con más o menos recursos económicos.
La propuesta del ministro de Justicia ha sido aplaudida solo de forma abierta por el Consejo de Notarios que considera que estos profesionales están en una situación ideal para tramitar las uniones civiles o los divorcios. El Consejo no escondió que esta medida ayudará de forma clara al sector, que ha visto cómo desde el inicio de la crisis sus ingresos han descendido un 70%.
La asociación Jueces para la Democracia cree que esta decisión lo único que va a hacer es encarecer un servicio y «privatizar» ciertas prestaciones y ha criticado las medidas del ministro de Justicia, porque tienen un efecto «populista». También se ha mostrado muy escéptica otra organización de magistrados. La asociación de jueces Francisco de Vitoria considera que rebajará pero "no mucho" el trabajo de los jueces y recalca que repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos.
Los tres juzgados de familia de la capital han dictado en los últimos tres años un total de 6.281 sentencias de separación y divorcio, de ellas 3.896 fueron de mutuo acuerdo y 2.385 contenciosas.
