El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, comparecerá ante el juez en calidad de imputado como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. El ex portavoz parlamentario del PSOE será interrogado sobre la concesión de dos ayudas de 78.000 euros a una fundación de la que fue patrono. La primera fue asignada tres meses después de dejar el padrinazgo tras ser nombrado secretario de Estado.
El juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, interrogará a López Garrido el 4 de diciembre tras admitir a trámite una querella del centro de estudios jurídicos Tomás Moro. El magistrado señala que los hechos «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» que debe ser investigada y traslada la resolución al fiscal y la defensa por si quieren recurrir.
Según la querella, el ex diputado socialista concedió dos subvenciones de 60.000 y 18.000 euros a la Fundación Alternativas, un laboratorio de ideas afín al PSOE, desde su Secretaría de Estado. López Garrido se desligó de la fundación el 15 de abril de 2008, cuatro días después de ser nombrado secretario para la UE, y la primera ayuda fue concedida el 22 de julio de 2008. El 14 de mayo pasado, según la demanda, asignó otra partida de 18.000 euros para que la fundación pusiera en marcha un portal de Internet sobre Europa. Para los querellantes queda patente la «incuestionable vinculación del político, pasado o presente, con la fundación, lo que convierte las ayudas en actos reprobables jurídicamente».
La Fundación Alternativas emitió un comunicado en el que asegura que la querella no tiene «fundamento alguno» y que han acudido a las convocatorias públicas, ya siendo López Garrido secretario de Estado, en las mismas condiciones que otras entidades y recibiendo cantidades inferiores a las solicitadas. El escrito señala que el motivo de la querella es que el centro de estudios Tomás Moro, cercano al PP, cree que la fundación inspiró la reforma de la ley del aborto.
López Garrido, por su parte, dijo estar «absolutamente tranquilo» y aseguró que «todo es clarísimo», ya que cuando fueron concedidas las ayudas no pertenecía al patronato de la fundación. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confió a su vez en que «todo esto se aclare rápidamente».
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