Mijas y Frigiliana impulsan la regularización de viviendas en el suelo no urbanizable

El decreto andaluz 2/2012 para la regularización de vivivendas levantadas en suelo no urbanizable desbloqueó un procedimiento administrativo en el que trabajan numerosos municipios malagueños afectados por esta problemática. Mijas y Frigiliana ya avanzan en la legalización de estas construcciones en sus términos municipales.

En el caso del municipio costasoleño, ya se ha adjudicado la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), relativo al suelo no urbanizable. Con este procedimiento se «plasmará» en el documento urbanístico el plan de trabajo en favor de la regularización de construcciones en el campo desarrollado hasta el momento en el conocido como Avance de Delimitación de los asentamientos urbanísticos y hábitats rurales diseminados en el Suelo No Urbanizable; es decir, aplicar sobre el mapa las zonas de concentración de construcciones que existen realmente y que son susceptibles de legalización.

Mijas localizó y catalogó unas 4.200 viviendas y edificaciones, de las que mediante la revisión del Plan General se podrán legalizar 3.000 según la estimación del área de Urbanismo, desde donde se adelanta que el resto quedará como vivienda aislada, a la que la ley marca otro proceso de regularización a seguir.

Tasa del 0,5% al 3,5%

Por su parte, en el caso de Frigiliana ya se han aprobado y han entrado en vigor tanto el avance de los asentamientos y viviendas construidas en el suelo no urbanizable, como la correspondiente ordenanza fiscal reguladora del procedimiento para acogerse a la figura de asimilado a fuera de ordenación, contemplada en el Decreto 2/2012. Según informó ayer a SUR el concejal de Urbanismo, José Antonio González (PP), se han detectado unas 2.000 casas construidas en el campo, «de las que la práctica totalidad podrán ser regularizadas», dijo.

Así, se ha detectado un solo asentamiento con más diez viviendas por hectárea, en la zona de Los Tablazos, en el límite con Nerja, con unos 70 inmuebles. El Ayuntamiento ha establecido una tasa que oscila entre un 0,5 y un 3,5% del valor de la obra como pago para el proceso de legalización.