¿Cuánto valen tus datos personales en el mercado negro de Internet?

Más aún. Esos datos personales con los que cuentan las plataformas y redes sociales que usamos tienen un valor que se puede cuantificar. Tanto es así que hace cinco años, Facebook compró la aplicación WhatsApp por más de 21.800 millones de dólares, y hace otros tanto Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares. Según el profesor Eduard Blasi, ni Facebook ni Google pagaron estas cuantiosas cantidades de dinero por la estructura tecnológica de estas plataformas, sino por el número de usuarios que tenían detrás. Ellos eran realmente el filón de oro.

Pero, ¿por cuánto se puede comprar los datos personales que circulan por Internet? Una investigación llevada a cabo hace dos años por la compañía británica Experian desveló que en el mercado negro de Internet, conocido como 'dark web', se podía adquirir un perfil con los datos financieros de una persona, los de acceso a su cuenta de PayPal y Amazon y los de sus perfiles en redes sociales por unos 870 euros.

Es tangible, se puede cuantificar y, lo que es más preocupante, se puede adquirir.

En la era actual, conocer hasta el más mínimo detalle de los gustos de una persona, de cuáles son sus compras habituales, sus modos de pago, sus deseos... son de suma importancia. La publicidad digital se ha sofisticado con el análisis del perfil de los usuarios permitiendo teledirigir los anuncios a un público específico y aumentar así su eficacia.

Por otro lado, está la revolución digital que necesita el intercambio de datos para funcionar, porque sin ellos será imposible crear ciudades más sostenibles o afrontar el reto de la inteligencia artificial.

Por todo ello, los especialistas abogan por que los productos y servicios de Internet sean más transparentes en cuanto a la utilización que se van a hacer de los datos personales que los usuarios aportan. Esta fue una de las razones por las que en mayo de 2018 se empezó a aplicar el nuevo Reglamento de protección de datos de la UE. En aquel momento, el 71% de los europeos ya compartía sus datos personales en Internet, pero solo un 15% sentía que tenía el control sobre esa información, según datos de la Comisión Europea. «Lo que busca la legislación al regular la protección de datos es dar el poder de control y disposición de los datos al usuario, de forma que tenga la posibilidad de saber exactamente qué datos tiene en cada sitio y poder retirar los que considere oportunos en cualquier momento. Pero en la práctica cuesta ejercer el control absoluto de los datos, especialmente en las plataformas gratuitas. No obstante, la incorporación de los principios de privacidad en el diseño y por defecto del nuevo reglamento europeo facilitará, sin duda, que el usuario recupere este control sobre sus datos», afirma el profesor Eduard Blasi.

Más aún, algunos expertos consideran que los usuarios, además de un mayor control sobre sus datos, para tomar decisiones informadas, deberían ser partícipes de los beneficios de la publicidad, en caso de que la finalidad de los mismos tengan este fin lucrativo. «Si una gran empresa se enriquece con mis datos, es lógico que quiera una parte de los beneficios o, al menos, recibir algún servicio o ventaja a cambio. De la misma forma que si se utilizan mis datos para un proyecto de sostenibilidad en mi ciudad, me gustaría conocerlo para poder participar con conciencia y no tener la sensación de ser espiado como ha sucedido recientemente con el estudio sobre movilidad que llevó a cabo el INE», señala Sergio de Juan-Creix, Profesor de Derecho del Grado de Comunicación de la UOC.

Una opinión contraria a la del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) que estima que los datos personales no pueden convertirse en una mercancía sujeta al comercio al tratarse de un derecho fundamental. En este sentido, los expertos señalan que esta apreciación no se corresponde con la realidad, donde las principales empresas del mundo se alimentan a base datos. «Además, el hecho de que sea un derecho fundamental no debería bloquear la posibilidad de que tuvieran una vertiente patrimonial, como sucede por ejemplo con los derechos de imagen, que también son un derecho fundamental», apunta Sergio de Juan-Creix.