Puñetazos, patadas y vejaciones: los maltratos en la residencia La Milagrosa
Las cámaras de seguridad instaladas por una empresa de detectives registraron decenas de agresiones por parte de los empleados a varios usuarios
Gatea por un pasillo oscuro, iluminado por la luz que sale de las habitaciones contiguas. Lo hace perseguido por uno de los cuidadores de la residencia La Milagrosa, que lo espolea entre gritos y empujones. Le propina un rodillazo en las costillas para que acelere el ritmo, agresión que se repite al cabo de pocos segundos, hasta que el usuario consigue ponerse en pie y es introducido a la fuerza en una de las estancias. Son las imágenes de uno de los vídeos que sirvieron para destapar en 2018 el caso de maltrato a varios discapacitados del centro, que ya va encaminado hacia la celebración del juicio en el que seis empleados se enfrentarán a cinco años en prisión.
Tanto la jueza de instrucción –en su auto de procesamiento– como la fiscal –en sus conclusiones provisionales– hacen una minuciosa descripción de los hechos. La representante del Ministerio Público considera que los trabajadores «infligían un trato denigrante y humillante» a los usuarios, y la juez, por su parte, lo define en términos similares: «Los imputados trataban de forma vejatoria y denigrante a algunos usuarios del centro», mediante conductas con las que ponían «en peligro» su salud y su integridad física.
Jueza y fiscal pormenorizan una a una las agresiones que atribuyen a cada acusado –la fiscal pide prisión para seis de ellos y una multa por agresiones leves a la séptima acusada–. El primero de ellos, según los escritos, habría encerrado a un paciente en la ducha durante una hora, atando la puerta con una toalla. También, «de manera reiterada», habría bloqueado la salida de emergencia del ala en el que se encontraba trabajando, al igual que el acceso a las habitaciones de dos hombres, impidiéndoles salir entre las 21.30 horas y las 06.30 horas –las cámaras grabaron esta práctica hasta en tres ocasiones–. La fiscal destaca el peligro que implicaba para estas personas permanecer aisladas, ya que no solo no se les atendió, sino que nadie comprobó su estado de salud a lo largo de más de ocho horas.
Con respecto a este primer acusado, la fiscal y la juez de instrucción también destacan otras conductas vejatorias: no secar a los usuarios tras darles una ducha o lanzar un líquido desconocido (podría ser colonia o material de limpieza) a la cara de uno de ellos para despertarlo, entre otras. Además, este trabajador presuntamente ejerció «violencia física» sobre quienes estaban a su cargo, propinándoles «patadas, empujones y manotazos» –las cámaras grabaron más de diez agresiones similares–, en diferentes momentos de las jornadas laborales que fueron monitorizadas.
La segunda empleada acusada por la fiscal es la única que no se enfrenta a una posible condena a prisión. Según el relato provisional del Ministerio Público y el auto de la juez, «sin causa justificada» esta trabajadora habría golpeado con una prenda de ropa a una mujer que estaba sentada en una de las butacas de la sala común de la residencia.
La fiscal señala en el apartado referido a la tercera acusada las maneras «bruscas» con las que lidiaba con varios de los internos. En una ocasión las cámaras grabaron cómo forcejeaba con uno de ellos, tras lo que le presionó la cabeza hacia abajo para despojarle de forma ruda de la sudadera y la camiseta que llevaba puesta. Ese mismo día llevó a otro usuario a «empujones» y agarrándole de la ropa hasta conducirlo a una habitación distinta a la suya.
Esta tercera procesada también fue grabada, según la fiscal, levantando a un hombre de su butaca mediante un tirón de la ropa, acción que se habría repetido en media de decena de ocasiones. Otro día, al parecer, mantuvo desnudo a un usuario durante 10 minutos, a sabiendas de que estaba resfriado, tal y como se destaca en las conclusiones provisionales. Todavía sin vestir, la cuidadora le habría propinado dos empujones a la altura de la clavícula para después llevarse al mismo interno y encerrarlo en una habitación bajo llave. Esta procesada habría llegado a dar un tortazo en la cara a este mismo usuario, un día diferente al que lo desnudó, recriminándole por haberse caído al suelo, según los escritos.
La cuarta acusada fue grabada bloqueando la salida de emergencias hasta en once ocasiones, algo que, según la fiscal, es especialmente grave si se atiende al tipo de «trastornos» que sufren los internos a su cargo. Además, en las imágenes se observa como esta empleada supuestamente propinaba varias patadas a uno de los usuarios, al que luego sienta en una butaca «bruscamente». En otros vídeos se ve a esta trabajadora dando un golpe en la cabeza a un usuario que estaba dormido, o propinando «una fuerte patada» a otro de los internos, según relata la fiscal y la juez.
La quinta de las procesadas habría usado un cinturón para bloquear la puerta y encerrar durante la noche a un usuario que padece epilepsia, dificultad de deambulación e hipertensión, por lo que era «incapaz» de pedir ayuda por sus propios medios. Las cámaras captaron estas conductas durante siete noches diferentes. Esta empleada golpeó en la cabeza a uno de los hombres que tenía bajo su cuidado, y empujó a otro, tirándolo «con violencia» contra el suelo, tal y como se describe en las conclusiones del Ministerio Público.
En el caso de la sexta acusada, la fiscal afirma que encerró en su habitación hasta en seis ocasiones al mismo usuario que fue aislado por la quinta trabajadora, dejándolo a su suerte durante horas. Las cámaras también grabaron a la trabajadora golpeando en la cabeza con un cepillo a uno de los internos para, minutos después, tirarlo al suelo y agarrarlo «bruscamente» de la ropa. En otras imágenes aparece dando golpes a un usuario, utilizando lo que parece ser un cuaderno de anillas, que impacta varias veces en la parte posterior de la cabeza.
En otra ocasión habría utilizado un zapato para golpear a un interno, al que después empujó. Cuando retrocedió, se dio un golpe contra la puerta de la habitación, que cedió, por lo que la víctima acabó cayendo el suelo. La fiscal señala que en las imágenes se aprecia que la procesada no le prestó ayuda para levantarse tras la agresión.
La última de las empleadas procesadas trató, según el escrito provisional de la fiscal y el auto de la juez, de forma «humillante y denigrante» a varias usuarias del centro, a las que presuntamente manipuló a la vista de todos cuando realizaba tareas de higiene personal, en vez de haberlas llevado a un lugar apartado.
Además de las agresiones físicas y el encierro de los usuarios, la fiscal también destaca que en las grabaciones se aprecia como algunos de los empleados procesados trataban de forma despectiva a los usuarios. Uno de ellos llamó «perro» y «asqueroso» a uno de los internos mientras realizaba tareas de higiene personal. Lo mismo ocurrió con otra de las trabajadoras, que habría llamado «puerco» a un usuario mientras le limpiaba.
Antes de tipificar los delitos, la fiscal destaca que los acusados llevaron a cabo las conductas descritas «aprovechándose de la condición de discapacitados que tenían los usuarios de la residencia, así como de la situación de especial desvalimiento en la que estos se encontraban«.
La juez de instrucción, por su parte, señala en su auto que los hechos descritos pueden constituir los delitos de torturas y contra la integridad moral, malos tratos de obra, coacciones y detención ilegal. En la petición de condena del Ministerio Público se reseñan los delitos continuados de trato degradante, coacciones y maltrato de obra.
Ocho cámaras y quince vídeos destaparon las irregularidades
Los indicios se acumulaban, así que la dirección de Residencia de Gravemente Afectados Aspromanis-La Milagrosa decidió actuar para averiguar qué estaba ocurriendo en el turno de noche. Contrataron los servicios de la empresa de detectives privados, que instalaron ocho cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de la residencia.
Cuando visionaron su contenido se encontraron con las agresiones y dieron aviso tanto a la Policía Nacional como a la dirección de la residencia, que acudió de inmediato a dependencias policiales. Se inició así un largo procedimiento judicial que aún sigue abierto.
Una vez los vídeos y las denuncias llegaron a dependencias policiales se procedió a la detención de cuatro de los empleados por distintos delitos, que quedaron en libertad tras comparecer ante la autoridad judicial competente. En base a las imágenes y a las detenciones, la residencia despidió a los empleados involucrados en los maltratos, lo que abrió a su vez un segundo proceso legal por la vía civil:la denuncia de los empleados a sus jefes por despido improcedente.
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