Piden 15 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Manilva acusada de enchufar a 600 trabajadores en el Ayuntamiento

Montaron toda una red para captar el apoyo de los vecinos de Manilva y no moverse del Ayuntamiento. Así considera la Fiscalía de Málaga que actuó la exalcaldesa de la localidad, Antonia Muñoz, con otros concejales del municipio, sobre los que mantiene que enchufaron a cientos de trabajadores en el Consistorio para obtener de esta manera su voto en las elecciones y salir elegidos de forma permanente.

Por ello sienta en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa, así como a los exconcejales Diego Díaz y Francisco Medina, para los que solita una condena de 15 años de inhabilitación. También está acusado en este procedimiento Aitor Menoyo, que fue contratado por Muñoz como asesor jurídico, para el que se piden 10 años de inhabilitación.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público hace referencia al artículo 91 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Con ello, recuerda que la oferta de empleo público debe llevarse a cabo mediante concurso, oposición o concurso oposición, en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Tras esta exposición, la Fiscalía insiste en que los procesados, con pleno conocimiento de la citada normativa y en su condición de cargos electos, suscribieron contratos en representación tanto del Ayuntamiento de Manilva, como de diversas entidades en las que el Consistorio tenía representación, incumpliendo en todos ellos con la normativa vigente. Ocurrió con el objetivo de crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante en esos años.

A continuación, el Ministerio Público concreta algunos de los enchufes, todos ellos enmarcados entre los años 2007 y 2013. Afirma que Muñoz, en su condición de alcaldesa (ganó las elecciones presentándose por Izquierda Unida en 1999), y el concejal Diego Díaz, como responsable del Área de Recursos Humanos, suscribieron contratos en nombre del Ayuntamiento de Manilva.

Concretamente fueron 900 contratos, según el escrito del Ministerio Público, sobre los que apunta que fueron suscritos con un total de 602 trabajadores. Al respecto, insiste en que no se hizo ningún proceso de selección, tampoco hubo publicidad, ni dotación presupuestaria y no se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Sin cumplir con la normativa, la Fiscalía mantiene que la exregidora también firmó diversos contratos de trabajo en representación de la Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades), de la que era presidenta: «Con fecha 22 de enero de 2008, Muñoz celebró un contrato de trabajo con José Carlos Castaño, por el cual se nombraba al mismo coordinador de Fomento y Desarrollo Local».

Castaño asumió entonces funciones de dirección, gestión y organización de la fundación. Todo ello, siempre según el Ministerio Público, basándose exclusivamente en el interés del contratado para ocupar el puesto y en el acuerdo alcanzado con la alcaldesa, sin cumplir con ninguno de los principios anteriormente mencionados.

Club Deportivo Manilva

Sobre el que fuera concejal de Deportes, Francisco Medina, mantiene que, junto con Muñoz, suscribieron cientos de contratos en representación del Club Deportivo Manilva, sin atender a ninguno de los principios mencionados y sin establecer proceso de selección alguno.

En algunos casos, se indica que cumplían órdenes procedentes de la Delegación de Recursos Humanos en las que se solicitaba que se modificasen contratos inicialmente suscritos a nombre del Ayuntamiento de Manilva y pasasen a ser contrataciones realizadas por el Club Deportivo Manilva, sin entrar a valorar la idoneidad de los contratados, su mérito y capacidad. En concreto, asegura que Medina suscribió 149 contratos, mientras que la exregidora lo hizo en 28 ocasiones.

Finalmente, la Fiscalía se refiere a Aitor Menoyo, que fue contratado por la exregidora como su asesor jurídico y del Ayuntamiento de Manilva. En este sentido, señala que el acusado era conocedor de que no se habían respetado los cauces legalmente previstos a tal efecto.

Tras exponer como funcionaba esta red de enchufismo, el Ministerio Público insiste en que todos los acusados son responsables de un supuesto delito de prevaricación de los funcionarios públicos, en el caso de Aitor Menoyo como cooperador necesario. Por ello solicita que sean condenados a las citadas penas de inhabilitación.

 

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