Detenido un funcionario y su pareja por estafar a extranjeros en Torremolinos con las citas para conseguir la nacionalidad

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos después de que una ciudadana acudiera al Registro Civil con la intención de comprobar que la documentación estuviera correcta y poder realizar el resto de gestiones para la concesión.

El plazo de vigencia del trámite asciende a los seis meses, tiempo con el que, según han informado fuentes policiales, el funcionario sospechoso «jugaba» para crear incertidumbre e intranquilidad en las víctimas. Incluso, les amenazaba con la caducidad del mismo y proporcionaba cita para la jura de fidelidad al rey y al ordenamiento jurídico, lo que conllevaría el inicio del proceso, pudiendo prolongarse durante años.

Ya provocada esa sensación de desasosiego en las víctimas, el funcionario ofrecía como «única alternativa» los servicios de un supuesto gestor, que en realidad era su pareja y que les cobraba para suspender el plazo de caducidad. Esta persona les entregaba un documento -con apariencia oficial- que resultaba ser falso.

De esta manera, el Grupo de Fraudes de la Comisaría Local de Torremolinos inició una investigación para determinar el alcance de los mismos, centrándose en el total de personas que lograron terminar el trámite de nacionalización, siendo más de 400.

Según las fuentes, los agentes han podido contactar con muchas de ellas y todas sufrían el mismo procedimiento, muchos inconvenientes en la tramitación y la posterior derivación al gestor por parte del funcionario aludido.

Durante esta investigación, que en la actualidad continúa abierta, se comprobó otro indicio de la irregularidad por parte del supuesto gestor, el cual se citaba con los perjudicados en lugares públicos y discretos, no en las oficinas de una gestoría como es lo habitual.

Además de las detenciones se practicó un registro en el domicilio de los principales implicados procediendo los agentes a la intervención de algunos dispositivos electrónicos. A los arrestados se les imputan delitos contra la Administración de Justicia (cohecho), falsedad documental e intrusismo profesional.

Otra trabajadora de dicho servicio público resultó igualmente investigada, pues también habría derivado a más personas a este «gestor» y a terceros.

Los investigadores siguen intentando contactar con más posibles víctimas, ya que tienen la convicción que podrían ser muchas más, a las cuales no se les ha imputado delito alguno, siendo consideradas en todo momento como víctimas del engaño de los tres investigados, no corriendo riesgo la concesión de la nacionalidad española de las mismas.