Cuatro candidaturas optan a representar a más de 6.000 letrados malagueños

Los aspirantes, que cuentan con una dilatada trayectoria profesional, concurren a estas votaciones con programas en los que comparten la intención de trabajar de manera ardua en dos de los conflictos que atraviesa la abogacía: la situación de los letrados mutualistas y la creación de una pasarela al RETA para que accedan a una jubilación digna; y, por otro lado, la dignificación del turno de oficio. Asimismo, las candidaturas coinciden en dar prioridad a medidas como la congelación o rebajas de las cuotas de los colegiados, sobre todo en el caso de aquellos más jóvenes, así como una decidida apuesta por promover la formación continuada y especializada.

Carrasco cuenta con un despacho propio y casi tres décadas de trayectoria profesional en Málaga. La letrada malagueña, que ha sido vicedecana de la junta de gobierno saliente, está especializada en Derecho Civil, Mercantil, Penal, de Familia y Procesal. Además, es profesora en el área de Derecho Civil de la Universidad de Málaga (UMA). Su candidatura está formada por Gregorio Martínez, Rafael Soto, Adoración Bello, Diego Peláez, Francisco Fernández, Fernando Toboso, Rosa Bocanegra, Nicolás Gómez-Villares, Luis Fernández, Lucía Alcalá, Miguel Bascones, Sonia Cámara, Santiago Orosa y Rocío Roque.

Por su parte, Apalategui es Counsel de Andersen en el área de Derecho Procesal de la firma en la oficina de Málaga, además de fundar en 2019 junto a Pedro Apalategui el Bufete Apalategui & Asociados. Está acompañada por los colegiados Elena Ros, Santiago Jiménez, José Ignacio de los Riscos, Vanesa Robles, Francisco Gutiérrez, Aurora Ortega, Marina Fernández, Francisco L. Martínez, Carolina Macías, Noemí Alarcón, José Mª. Ramírez, Álvaro Gil, Ruth Rodríguez y Roberto C. Limón.

Fernández ejerce de manera independiente desde el año 2004, cuando se colegió, trabajando en asuntos de casi todo tipo de jurisdicciones, como laboral, civil, familia, menores o penal, además de las causas que le llegan a través del turno de oficio. La lista que encabeza se completa con los colegiados Luis Pellicer, José Alfonso Sell, Ana María Sánchez, María Victoria Santamaria, Alicia Garcia-Cabrera, Francisco José Jiménez, José Rey, José Luis Díaz, Manuel Moreno, María Gema Muñoz, Juan Díaz, Alicia Jiménez y Jorge Gómez.

El único abogado,Prados, Empezó a ejercer hace casi cuarenta años y cuenta con un espacio propio. Entre otras materias, está especializado en Derecho Europeo y también en la administración de fincas. Su experiencia abarca procedimientos en todas las jurisdicciones y continúa prestando asistencia letrada desde el turno de oficio. Su candidatura está integrada por los colegiados Mercedes de los Ríos, Rafael Jordán, Inmaculada Damián, Javier Benito, Félix López, Diana Hinojosa, Virginia Figuero, Bernardo Díaz, Hugo del Rio-Bourman, Antonio Trillo, Esmeralda Muñoz, Josefa Díaz, Jorge Hurtado y María Ayora.

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La candidata Flor Carrasco, quien ha sido vicedecana de la última Junta de Gobierno, opta al decanato con un programa que, como el resto de aspirantes, pone en el centro el conflicto de los letrados mutualistas. «Estamos ante una cuestión de evidente justicia social», señala la aspirante en relación a las pensiones de los abogados mutualistas, cuya solución, defiende, pasa por la creación de una pasarela al RETA y el reconocimiento de los años cotizados, entre otras medidas. «No podemos consentir que los compañeros se sientan defraudados por un apoyo tibio del Colegio», resalta.

En cuanto al turno de oficio, la jurista apuesta por continuar «dignificando» la labor de los profesionales. Para ello, promete exigir «retribuciones adecuadas y justas», además de reivindicar el abono por parte de la Junta de Andalucía de todas las actuaciones que realicen los letrados malagueños. Asimismo, propone crear un departamento administrativo para relevar de cargas a los abogados que prestan este servicio y procurar así el cómputo de todas las actuaciones.

Para facilitar el inicio de la profesión, Carrasco plantea una serie de ayudas para los letrados más jóvenes, entre las que se incluye la bonificación de parte de las cuotas durante los diez primeros años de ejercicio, así como becas, programas de formación, mentorías y espacios de networking. En el aspecto de las tecnologías, propone formación para acercar a los letrados a la Inteligencia Artificial y reducir la brecha digital. Por otro lado, en un ejercicio de transparencia, propone la apertura de canales de comunicación entre los colegiados y la Junta de Gobierno.

Asimismo, aboga por la bonificación de la cuota de ingreso al ICA Málaga y la congelación de la misma para el resto de colegiados. Otro de los puntos que propone es el impulso de la Comisión con la Administración de Justicia (CRAJ) orientada a promover medidas para paliar «el indudable colapso judicial» y a abordar con los diferentes operadores jurídicos –jueces, fiscales y LAJ– los problemas que afectan a los letrados malagueños en el ejercicio básico de su profesión.

En su programa, asimismo, Carrasco promete una mayor autonomía e independencia de las delegaciones del colegio en la provincia, proponiendo unas instalaciones e infraestructuras adecuadas y cursos de reciclaje y acceso que se celebre en las mismas para que los compañeros no tengan que desplazarse a Málaga capital. Además, apuesta por un programa de protección social y laboral que, entre otras medidas, recoge la creación de una bolsa de ayuda a colegiados en especial situación de vulnerabilidad económica.

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La aspirante Regina Apalategui, que también ha formado parte de la última Junta de Gobierno como vocal, asegura en su programa que «la defensa de los intereses de la abogacía constituye el eje central» de su candidatura, poniendo como prioridad la búsqueda de soluciones para el problema de las pensiones de los letrados mutualistas. Además de apostar por la creación de una pasarela al RETA, cuenta con medidas como la colaboración con el Observatorio Jurídico-Actuarial de la Previsión Social Profesional, la representación directa en la Mesa de Negociación con la Seguridad Social y el apoyo a los movimientos sociales.Asimismo, plantea trasladar esta problemática a la agenda europea.

En lo referente al turno de oficio, Apalategui incide que trabajará para que se revisen y actualicen los baremos de manera periódica con el fin de asegurar unos honorarios «justos», pero también incluye propuestas orientadas a su modernización y fortalecimiento, además de a la especialización.Con este fin, la candidata propone formaciones gratuitas que se impartan desde el colegio en turnos especializados, como los de violencia sexual, menores víctimas, trata, discapacidad o delitos de odio.

En esa apuesta por promover la formación continua y de calidad, la aspirante recoge en su programa un bono formativo por importe de 150 euros para los colegiados, de modo que puedan acceder a seminarios que los mantengan actualizados sobre los cambios legales y nuevas prácticas. Asimismo, la candidata señala que es indispensable fomentar la innovación, para lo que el colegio debe estar abierto a las nuevas tecnologías y prácticas como la Inteligencia Artificial, que ayuden a mejorar la gestión y la práctica legal, así como la digitalización de los procesos.

Apalategui también promete mantener las cuotas colegiales congeladas durante los próximos cuatro años, con el compromiso de su reducción en caso de que la tesorería lo permita. De igual manera, aboga por fomentar una bolsa de empleo para los letrados más jóvenes, así como el impulso de talentos estableciendo alianzas con instituciones y agrupaciones para promover el desarrollo profesional.

Para la candidata, resulta fundamental que el colegio atienda las necesidades de todos sus integrantes, para lo que indica que se realizarán encuestas y encuentros regulares que ayuden a la Junta de Gobierno a estar al tanto de las inquietudes y las necesidades de los profesionales, promoviendo así la responsabilidad social de la sede. Asimismo, en su programa destaca que trabajará por la inclusión y la diversidad, fomentando un entorno inclusivo.

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José Antonio Prados, el último de los aspirantes en anunciar su candidatura, asegura que su «principio rector» es «que ningún colegiado se sienta excluido». El candidato también pone en el centro de su programa el traspaso de los letrados mutualistas al RETA en el que se respeten todos los años cotizados. «De producirse el rechazo frontal» por parte del Gobierno, indica en su programa, «somos partidarios de una pasarela en la que se cedan nuestros fondos acumulados y demás derechos en la Mutualidad a la Seguridad Social y se conviertan en periodos cotizados en RETA».

De igual manera, Prados propone potenciar la Comisión de Gestión del Turno de Oficio, integrada por representantes de la Junta de Gobierno y de esta sección –así como de otras especializadas, de violencia de género, menores y extranjería–, con el objetivo de detectar las deficiencias en la prestación de servicios y buscar soluciones, además de «trabajar las materias relacionadas con el baremo».

En lo que respecta a las cuotas colegiales, el aspirante a representar a los abogados malagueños plantea «revisar la estructura» de las mismas «para reducirlas de manera responsable». En este sentido, propone descuentos para aquellos que lleven menos de diez años de ejercicio y, también, la posibilidad de suspender las cuotas durante un año «por razones justificadas o problemas de salud».

El candidato, asimismo, apuesta por la formación continuada como sistema de desarrollo profesional, para lo que promete cursos y talleres especializados en temas de actualidad, como el derecho digital, compliance y la inteligencia artificial aplicada a la abogacía. «La idea es que los abogados cuenten de manera lo más práctica posible con los recursos del Colegio para su utilización y desarrollo inmediato», sostiene. Asimismo, su programa recoge un sistema de becas y ayudas tanto para acometer la nueva colegiación como para el desarrollo de la actividad.

De igual manera, Prados afirma que trabajará para que los letrados malagueños recuperen el protagonismo y la presencia en la sociedad. En este sentido, propone el impulso «a la función de 'lobby' del Colegio de la Abogacía y una mayor interlocución con los diversos niveles de la Administración», de manera que se posicione como un referente social jurídico y un grupo de presión para luchar por los intereses de la profesión.

«Entendemos que el Colegio debe ser una institución activa en la defensa de nuestros derechos como profesionales», sostiene Prados, quien incide en que pondrá como prioridad «una defensa real y sólida frente a cualquier amenaza» al ejercicio de los letrados.

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Tras casi dos años como portavoz de portavoz en Málaga del movimiento 'J2 por la Mutualidad', María Nieves Fernández concurre a estas elecciones con un programa en el que pone como prioridad trabajar «en los despachos y en la calle» para conseguir la pasarela al RETA, tanto para los mutualistas activos como pasivos, y que se cuenten todos los años de ejercicio cotizados. De igual manera, apuesta por la resolución de los acuerdos marco y otro tipo de contratos que vinculen a las Mutualidades con la sede malagueña. «Debemos conseguir un colegio que sea independiente y autónomo a cualquier entidad», mantiene al respecto.

En su decálogo de actuaciones prioritarias, Fernández también propone apoyar las reivindicaciones de los letrados del turno de oficio y critica que el actual sistema es «excesivamente burocrático» y con «retribuciones muy bajas» por las que, de ser elegida, trabajará para que sean aumentadas de manera significativa.

Asimismo, promueve medidas para defender la dignidad de la profesión ante la Administración de Justicia, proponiendo una mayor cercanía para denunciar aquellas situaciones injustas para los compañeros.

«En caso de reiteración de incidencia, desde el colegio se presentará denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», sostiene al respecto. De igual forma, la candidata apuesta por exigir la operatividad en el mínimo plazo posible del expediente judicial y administrativo electrónico, en términos que permitan a los colegiados personados en un procedimiento tener acceso telemático a los mismos de manera íntegra.

Para Fernández, también es esencial que el colegio se convierta en un espacio abierto, transparente y participativo, en el que los letrados sean consultados antes de adoptar determinadas decisiones que les afectan, además de ser informados de aquellos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. Asimismo, incluye en su programa medidas que apuestan por la formación continua en diversas materias, estudiando la gratuidad o, en su caso, la bonificación en cursos expertos de mayor coste.

Su programa también contempla bonificaciones o exenciones en las cuotas y en la matrícula de los cursos para los letrados que lleven menos de diez años de ejercicio, así como un sistema de ayuda a aquellos que, por circunstancias, se encuentren en una situación de especial dificultad económica. Asimismo, Fernández promete intentar reducir gastos «innecesarios» del colegio para destinar dichos fondos a cuestiones «de mayor relevancia», como la formación.