Entrevistas de trabajo: Diez preguntas que no se pueden hacer por ser ilegales

La línea de lo legal o ilegal de estas cuestiones en una entrevista de trabajo lo marca la Constitución Española, en su artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

De acuerdo a esos límites legales, las preguntas que se realizan en una entrevista de trabajo se deben referir exclusivamente a las capacidades del candidato para cubrir el puesto, tal y como establece la legislación, las directivas europeas que defienden la igualdad de trato y de no discriminación, y los tribunales.

Se deben evitar, por tanto, preguntas del tipo: ¿Qué edad tiene? ¿Está casado? ¿Tiene previsto quedarse embarazada o le gustaría tener hijos? ¿Su salud es buena? Según los expertos, ninguna de ellas debería tolerarse al pertenecer a la vida privada del candidato y, aun así, se plantean con frecuencia.

Estas son las preguntas que no deben plantearse por ser ilegales, pues se refieren a la vida personal, edad, estado civil, salud, nacionalidad, afiliación sindical y la orientación sexual, política o ideológica:

-¿Qué edad tiene?

-¿Está casado o divorciado?

-¿Tiene previsto tener hijos?

-¿Estaría cómodo trabajando solo con hombres?

-¿Es creyente?

-¿Cuál es su nacionalidad?

¿Cuáles son sus simpatías políticas?

-¿Le han multado o detenido alguna vez?

-¿Cuánto pesa y cuál es tu talla?

-¿Fuma o ha tenido problemas con el alcohol?

Ante estas preguntas, el candidato tiene varias opciones: responder a las cuestiones con naturalidad sin darle mayor importancia; negarse, al no tener relación con el puesto de trabajo al que se aspira. En este caso, conviene responder con firmeza, mostrando al reclutador que se está interesado en el empleo, pero que las preguntas nada tienen que ver con el puesto y, la última opción sería denunciar las preguntas ilegales ante la Inspección de Trabajo, que puede conllevar sanciones para la empresa si se demuestra que se han vulnerado los derechos del candidato.