Proliferan en Marbella los abogados de desahucios

«En los últimos tres años hemos recibido en el despacho un 60% más de casos de propietarios que buscaban nuestros servicios para desalojar sus viviendas en alquiler de larga temporada de arrendatarios que no estaban pagando las mensualidades». Con estas palabras el abogado especialista en desahucios, Antonio Fernández Álvarez, ha explicado a diario SUR la realidad que están viviendo un gran número de caseros de Marbella. Esta situación ha provocado que proliferen los despachos de abogados especializados en desahucios. Actualmente, tan solo en las inmediaciones de la Avenida Ricardo Soriano se pueden contabilizar 17 de estos espacios jurídicos.

Esta situación está provocando que muchos de los arrendadores de inmuebles de larga temporada retiren sus casas de este mercado por miedo a la nueva figura del 'inquiokupa'. «He tardado más de un año en recuperar mi piso además del coste económico que ha supuesto llevar el tema a los tribunales y de todo el tiempo que he dejado de recibir la renta. Han sido meses de estrés y malos momentos», comenta a este periódico una de las caseras defendidas por F.A. Abogados que finalmente ha conseguido desalojar su vivienda. «Me pagó el primer mes y después ya nunca más», añade a la vez que asegura tajantemente que «jamás volveré a poner mi vivienda en alquiler de larga temporada porque me siento totalmente indefensa ante la ley».

Marbella tiene un grave problema con el acceso a la vivienda. Apenas hay oferta de alquileres de larga temporada, los que hay son caros y la inseguridad jurídica que sienten muchos propietarios hacen que refugien sus activos en las viviendas de uso turístico a las cuales sacan más rentabilidad económica sin el miedo a vivir un episodio de ocupación. «Tengo un piso en primera línea de playa del que podía estar ganando mucho dinero, sin embargo, lo puse en alquiler tradicional y he tardado dos años en recuperarlo. Tengo que valorar si lo vendo o lo pongo turístico pero no lo voy a alquilar más», señala otro afectado.

Este panorama pone a la ciudad en un apuro. Todos los precios están disparados, sin embargo, esas altas cantidades no garantizan tampoco que los inquilinos de mayor poder adquisitivo realicen sus pagos pues los 'inquiokupas' en Marbella no se dan solo en los pisos más modestos sino también en las villas de lujo por lo que es complicado sacar un patrón de los posibles deudores de las rentas.

Lo mismo ocurre con los caseros, si bien la ciudad es sinónimo de lujo y riqueza, muchos propietarios no son grandes tenedores sino personas trabajadoras que han adquirido a lo largo de los años un inmueble para garantizarse una mejora en los ingresos de su jubilación y que ahora están viendo cómo se esfuma ese esfuerzo.

Perfil del 'inquiokupa'

«No existe un perfil concreto de personas que dejen de pagar el alquiler. Puede ser cualquiera», señala Fernández Álvarez. Sin embargo, el abogado sí ha destacado a SUR los casos que más se dan en su despacho. «En Marbella ocurre mucho que en alquiler para vivienda habitual vienen personas de fuera que se alquilan villas y viviendas a precios altos. Cuando dejan de pagar es muy difícil perseguirlas porque en España no tienen bienes ni cuentas», señala.

Así pues, el problema del alquiler de larga temporada en Marbella crece de manera exponencial. Hace tan solo unos meses los hoteleros del municipio alzaban la voz para pedir más viviendas públicas y una solución para esta situación que les hace cada vez más difícil la contratación de personal para trabajar pues no encuentran alojamiento.

Lo mismo sucede con los empleados públicos que vienen a prestar servicios y no encuentran dónde quedarse. Si bien esta realidad es cada vez más acuciada, la proliferación de casos de 'inquiokupas' amenaza con empeorarla pues muchos de los caseros que se han visto envueltos en un proceso judicial de esta índole se decantan por poner sus inmuebles en el mercado del uso turístico para evitar estas circunstancias y por sentirse «indefensos ante la ley».

Por otro lado, Marbella es la cuarta ciudad de España con mayor número de viviendas turísticas y en el último pleno la corporación municipal aprobó su regulación e inclusión de las medidas en el Plan General por lo que no todos los inmuebles podrán destinarse a este uso. Además, las comunidades de propietarios tienen la última palabra en este sentido por lo que esta opción tampoco podrá aplicarse en todos los casos.