El autor del PGOU de Marbella anulado por el Supremo hará el nuevo POT de la Costa del Sol

Según información a la que ha tenido acceso este periódico, el estudio de Fustegueras obtuvo la licitación en junio de este año tras presentarse a un concurso convocado en febrero, aunque la adjudicación estuvo suspendida después de que otro de los licitadores presentara un recurso.

El recurrente reclamó que no se le había permitido acceder a la oferta ganadora porque la adjudicataria había declarado la confidencialidad de la misma. También argumentó que el contenido del informe de valoración de las ofertas era genérico y no permitía verificar los motivos por los que se había producido la adjudicación

El conflicto fue resuelto por Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta, que el pasado 9 de septiembre dictó una resolución que daba por bueno el proceso de adjudicación y levantaba la suspensión tras considerar que aunque la recurrente pudiera tener razón en cuanto al carácter abusivo y no justificado de la declaración de confidencialidad de la totalidad de la documentación presentada por la empresa adjudicataria, «ello no le ha impedido haber tenido acceso a los documentos esenciales del expediente, y especialmente a los que han determinado la adjudicación».

El pasado martes se formalizó el contrato entre Territorio y Ciudad y la Consejería. Los trabajos habían salido a licitación por un presupuesto total de 407.000 euros aunque se adjudicaron por una cantidad sensiblemente menor, 309.760 euros.

Fuentes de la Junta han explicado a este periódico que el estudio de Fustegueras compitió para hacerse con la licitación con otros de menor experiencia. En total se presentaron cinco ofertas, entre las que la de González Fustegueras obtuvo la valoración más alta, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

El Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental, para cuya redacción la adjudicataria dispone de un plazo de 30 meses y medio, abarca una superficie 941 kilómetros cuadrados y afecta a los municipios de Fuengirola, Mijas, Estepona, Casares, Manilva, Ojén, Istán, Benahavís y Marbella.

Planes anulados

Este último municipio tuvo que recuperar el año pasado el PGOU de 1986, sobre el que actualmente se trabaja para adaptarlo a la LOUA, después de que el elaborado por el equipo de Fustegueras resultara anulado por el Tribunal Supremo en varias sentencias dictadas con varios fundamentos. Para el alto tribunal, el plan era nulo por haber incluido determinaciones que modulaban la legalización de las construcciones ilegales, exigía a los propietarios de estos inmuebles prestaciones que alteraban el equilibrio del derecho a la propiedad, incumplía con las normas de evaluación de los efectos medioambientales y no contaba con un informe de sostenibilidad económica.

Asimismo, el POTde la Costa del Sol aprobado por la Junta en 2006 y cuya anulación por el Supremo obligó a la Junta a comenzar la redacción de uno nuevo presentaba dos problemas: por un lado, la administración autonómica no había dado respuesta a las alegaciones formuladas por una entidad mercantil, que después recurrió, en el trámite de información pública del procedimiento de elaboración del Plan. En segundo lugar, no se había emitido en relación al Plan el preceptivo informe sobre impacto por razón de género exigido por la propia legislación autonómica andaluza.