«No queremos ser auditores de los pobres»

En los últimos tiempos, explican los expertos en pobreza reunidos hace unos días por SUR, lo que ha penalizado a los más vulnerables –y también a las clases medias y medias-bajas– ha sido la crisis inflacionista, que ha coincidido con estancamiento de los salarios, lo que lleva a que incluso personas con empleo tengan problemas para hacer frente a sus gastos más básicos, incide Julio García. Y eso que, según Juan Carlos Espejo, director de Prodiversa, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido una revolución, ya que implica una transferencia de rentas de las empresas a los trabajadores y reconocer que el salario no tiene sólo que dar para comer y vestirse, sino también para pagar internet, ocio y cultura... todos los bienes que garantizan una inclusión social plena. Aunque algunos empleos esquivan el pago del SMI porque se ha disparado la contratación a tiempo parcial.

Y justo en este punto enlaza otra idea. En el análisis de la pobreza, los expertos también señalan su feminización. Porque las mujeres han quedado marginadas en la mejora de las condiciones del mercado de trabajo. Tal y como enumera Javier Poleo, de Incide, ellas siguen sufriendo una tasa de paro más alta y son las que copan los contratos a tiempo parcial, por lo que también son ellas las que en mayor medida tienen sueldos que no llegan ni al SMI: «La falta de corresponsabilidad en los hogares tiene repercusiones para ellas y su posición de desventaja en el mercado laboral, a lo que se suma que la violencia de género conduce a problemas de exclusión». Por eso Juan Carlos Espejo afirma que el rostro de la pobreza en Málaga es cada vez más joven, femenino y con cargas familiares; son familias 'monomarentales'.

Además, las situaciones de pobreza de las mujeres tienden a cronificarse. El sistema de protección social español se caracteriza por ser altamente contributivo: en lugar de prestar ayuda según las necesidades de cada individuo, el apoyo público por contingencias vitales como la enfermedad, el desempleo o la jubilación se realiza en proporción al lugar que se ha ocupado en el mercado laboral y a la contribución que se ha realizado. Y las mujeres tienen empleos más precarios, peor pagados y sufren también huecos de cotización porque con frecuencia dejan de trabajar para cuidar a niños y mayores. Por eso entre otras cosas Julio García pone de relieve su crítica: «Cuando escucho que la mejor política social es el empleo... ése es sólo un diente y yo necesito toda la dentadura, el empleo es una dimensión más, si se ciñe a eso la política social, está bastante mellada». Así que si la tasa de pobreza está enquistada en ese 30% y si salta de generación en generación es porque no hay redistribución de la renta y la riqueza, apunta Salima el MEziani.

Precisamente por esto los expertos en pobreza explican que ya no quieren ser interlocutores de las autoridades en las comisiones de bienestar social, sino que necesitan serlo en las de economía, en los foros en los que se reparten los presupuestos, en esos sitios en los que es posible influir en el diseño de medidas más integrales. Porque se quejan de que en ocasiones se realiza gasto social pero que éste no da los resultados deseados. Lo apunta Juan Carlos Espejo, que pone el ejemplo de La Palmilla, distrito en el que se ha invertido, vecindario en el que se sigue invirtiendo, pero donde la integración sigue pasando por salir del barrio. Espejo insiste en que aún hoy, si se coge un autobús desde La Palmilla en dirección al centro, a cada parada, la probabilidad de ir a la universidad crece un 10%.

Los expertos tampoco esquivan cómo la sociedad cuestiona a las personas que perciben ayudas públicas y las críticas que se vierte contra ellas porque a veces optan por no trabajar. Ante ello, Salima el MEziani plantea: «Si a alguien le dan mil euros porque se considera que entre la vivienda y la alimentación ésa es la cobertura mínima que ha de tener y decide no trabajar pudiendo cobrar esa misma cantidad en forma de salario, habrá que plantearse por qué no quiere un empleo. Habrá que plantearse cómo funciona el mercado laboral». Y esbozan una hipótesis: quien cobra una prestación sabe que la seguirá cobrando mes a mes, mientras que en el mercado laboral, en según qué circunstancias, según el grado de precariedad con el que alguien esté insertado en el mundo del trabajo, no tiene esa certeza de que continuará percibiendo un salario.

El mercado laboral por sí solo no resuelve los problemas. Y tampoco los servicios sociales. Los representantes de estas tres organizaciones que trabajan en Málaga, Prodiversa, Arrabal e Incide, señalan que en gran medida son ellas y el conjunto del tercer sector quienes asumen muchas de las responsabilidades que habrían de ser de las administraciones públicas. Juan Carlos Espejo diagnostica: «Los servicios sociales cada vez están más debilitados y las entidades estamos supliendo un montón de acciones que tendrían que prestar los servicios sociales comunitarios». También se quejan de que en la práctica se convierten en auditores de la pobreza, de los pobres, porque éstos, para la recepción de ayudas se tienen que someter a un enorme escrutinio no sólo de lo que tienen, sino también de sus hábitos y gastos diarios. A las propias organizaciones también se las mira con lupa.

El escrutinio público no hace otra cosa que replicar la actitud de sospecha con que gran parte de la sociedad mira a los pobres. «No será tan pobre cuando tiene un móvil», se escucha a veces. Y ellos contestan: «No tener un móvil o internet te hunde a la hora de buscar un trabajo, si quieres evolucionar en tu educación o si quieres solicitar una ayuda». Ahora, en gran medida, el apoyo que estas organizaciones prestan a sus usuarios pasa por ayudarles con los trámites telemáticos.