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Un cliente visita la exposición de puertas acorazadas en Interestil, en el polígono El Viso de la capital. Ñito Salas
La psicosis de los okupas dispara la venta de puertas acorazadas y de alarmas en Málaga

La psicosis de los okupas dispara la venta de puertas acorazadas y de alarmas en Málaga

Las empresas instaladoras triplican los encargos este verano tanto para viviendas principales como para segundas residencias

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 21 de agosto 2020, 00:40

Unos vecinos le avisaron por teléfono: estaban intentando okupar su piso, en un bloque de Huelin. El propietario, que vive actualmente en Madrid, salió disparado con su coche hacia Málaga. Era viernes y justo antes de arrancar contactó con una empresa especializada en la instalación de puertas de seguridad. Llegó de madrugada y consiguió frenar la entrada. A la mañana siguiente le montaron una acorazada. La historia es real y existen «muchísimos casos» como este, según relata Rafael Moreno Escalona, gerente de Interestil, en el polígono El Viso, que fue el encargado de gestionar la instalación de urgencia.

Existe una psicosis general en la población, pero especialmente entre personas mayores, de mediana edad y propietarios de segundas residencias, a encontrarse con alguien dentro de su casa. Ante la pasividad del Gobierno central, que es quien tiene la competencia legislativa y no hace nada para paliar esta situación, los ciudadanos están optando cada vez más por instalar puertas acorazadas, cerraduras 'antibumping' (de alta seguridad) y alarmas, cuya demanda se ha disparado.

«Estamos haciendo estos meses más del doble de instalaciones que el año pasado, montamos a diario, hay psicosis y miedo», advierte Rafael Moreno. «Los okupas ya preocupan mucho más que los robos porque se te meten en tu casa y encima hay que indemnizarlos para que se vayan». Una puerta acorazada tiene un precio que ronda los mil euros, y hay lista de espera para el montaje. Además, estos días de agosto algunos instaladores están de vacaciones. En cambio, en Interestil han decidido no cerrar en verano para atender la alta demanda.

Víctor García-Miña, gerente de Puertas Miña, que son fabricantes e instaladores, lo corrobora. En su caso, las ventas se han llegado a triplicar estos meses de verano. «No podemos atender a corto plazo toda la demanda de pedidos que han llegado, y todo el mundo quiere la instalación lo más urgente posible. Hay quien dice que le da miedo hasta salir a comprar o a visitar a familiares, es una situación paranoica». También es habitual el caso de quienes se van de vacaciones y quieren dejar la nueva puerta montada antes. Aunque la semana de feria algunos están de descanso, habitualmente tienen hasta tres equipos profesionales trabajando diariamente.

El producto más demandado es la puerta acorazada. «Este agosto no vamos a cerrar ni una semana, hay que aprovechar», reconoce el empresario. Sobre los precios, la blindada –que es un producto más básico– ronda los 500-600 euros, mientras que la superior va desde los 850 euros, montaje aparte. La diferencia principal está en el marco, que también es de seguridad. «Lo de los okupas es una amenaza cierta, hay un clamor popular para que se legisle y mucho miedo», critica, y pone de relieve que incluso uno de sus técnicos tuvo que echar a uno de la casa de una clienta. García-Miña destaca que el perfil del cliente es múltiple, porque son muchos los que se sienten agobiados por esta situación. Casi todo el producto que se monta está fabricado en Málaga.

En la provincia se repite el mismo escenario. Manuel Ruiz Jiménez, gerente de Segurycal Almayate, asegura que estos días la psicosis por el Covid es equiparable a la de los okupas. «Siempre pueden entrar, pero nosotros intentamos no ponérselo fácil». Sobre el perfil del cliente, coincide en que más allá de la abundancia de segundas residencias, hay personas mayores y que no lo son tanto que se han obsesionado con el temor de que al volver de cualquier recado o viaje se puedan encontrar a alguien en su casa. Y los problemas legales y la demora a la hora de echarlos son ya de sobra conocidos para la población, añade Manuel Ruiz.

Líderes en fabricación

La fábrica de puertas acorazadas líder en España es SegureStil y tiene su sede en la capital malagueña. Luis María Jiménez, director comercial y adjunto a la gerencia de la compañía reconoce que el mercado está «disparado por encima de lo normal», y junto al efecto rebote que se ha producido en el sector de las reformas por los meses de confinamiento, sitúa como causa el miedo a los okupas. «La gente está asustada y no ve soluciones del Gobierno, por lo que busca protección».

La demanda de sus productos ha crecido mucho: si el año pasado lo hizo a un ritmo del 17%, desde junio hasta lo que va de agosto ya ha aumentado un 25% sobre el ejercicio anterior. El empresario comenta que en parte se debe a la acumulación de pedidos anteriores, y en parte al miedo a la ocupación ilegal. «Es cierto que el ciudadano cada vez está más preocupado por este tema, y eso influye en la decisión». SegureStil fabrica puertas acorazadas de las series 3 a 5, las de mayor seguridad. La demanda también ha crecido en el caso de los bombines antirotura y antitaladro, y el montaje de dobles cerraduras. «La gente se está protegiendo», concluye.

Crece la contratación de sistemas de seguridad en las viviendas

Otra opción creciente para proteger los hogares frente al fenómeno de las ocupaciones ilegales es la instalación de alarmas. Desde Securitas Direct, una de las principales empresas del sector, un portavoz reconoce que este delito cada vez preocupa más a los ciudadanos y el interés por contratar sus servicios va en aumento. Según los datos facilitados, el 16% de los clientes que deciden darse de alta lo hace ya por este motivo.

En el caso de las segundas residencias, que suponen un importante parque de viviendas en la Costa del Sol, cerca del 15% de la demanda de alarmas se destina a estas. Cuando detecta una intrusión, si el sistema está conectado a una centralita se activan los protocolos necesarios para avisar a las fuerzas de seguridad, de manera que se evita la okupación al intervenir durante el allanamiento. En estos casos, generalmente la policía puede evitarla, al detenerlos en lo que se denomina un delito flagrante, o bien desalojarlos al no haberse consumado el tiempo necesario para que sea morada (48 horas).

Se trata de uno de los asuntos de seguridad que más preocupan a los ciudadanos. Así lo muestra una encuesta del Instituto Sondea encargada por la empresa, según la cual los españoles se sienten cada vez más desprotegidos ante la posibilidad de que su vivienda sea okupada. Casi el 93% de los encuestados cree que es necesario aumentar las penas por este delito, y es la misma proporción la que reclama una normativa que respalde el desalojo inmediato para prevenir daños y otros problemas derivados de estas acciones.

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