Luis Planas: «El interés es mantener e incrementar nuestra presencia comercial en Estados Unidos»

–Estados Unidos mantiene congelados los aranceles recíprocos del 20% contra la UE durante 90 días a la espera de una posible negociación. ¿Ha habido avances para llegar a un acuerdo?

–Es muy preocupante que un país tan importante como Estados Unidos se plantee este concepto del comercio internacional imponiendo aranceles. Los últimos 40 años de globalización de los intercambios internacionales han sido muy positivos porque han permitido aumentar la renta media de muchos países y ciudadanos, aumentando la clase media en el mundo, y ha disminuido el hambre y la malnutrición en el mundo. Que Estados Unidos, que es uno de los grandes bloques comerciales del mundo, se plantee un esquema donde todo el mundo le debe dinero, no es correcto porque de estos intercambios también se ha beneficiado Estados Unidos aumentando de forma muy significativa su renta. Sobre las medidas concretas que ha anunciado, en la UE y España lo tenemos muy claro: son injustificadas y absolutamente injustas. Por tanto, vamos a defendernos. ¿Qué significa eso? Que vamos a negociar hasta que podamos negociar. Pero si fracasan las negociaciones, la UE, que somos el mayor bloque comercial del mundo, tomará medidas.

–¿Está trabajando el Gobierno en establecer líneas de ayudas al sector agroalimentario en caso de que finalmente se aplique ese arancel recíproco del 20%?

–En los últimos días se han hecho públicos los datos relativos a la exportación agroalimentaria de España en el último año: 75.711 millones, con un saldo favorable a España de 19.924 millones. Son cifras que muestran que somos una potencia agroalimentaria. Dos tercios lo exportamos a la UE, un mercado que no se ve afectado por esta tormenta (arancelaria), y el otro tercio lo exportamos en primer lugar a Reino Unido, 4.200 millones; Estados Unidos, 3.600 millones; y China, 1.900 millones. ¿Qué estamos intentando? Mantener el mercado norteamericano, donde tenemos aceite de oliva, con más de mil millones, vino y queso. En el caso de Andalucía, la exportación es de unos 1.360 millones en el sector agroalimentario a Estados Unidos, del cual 800 millones son aceite de oliva. Por tanto, estamos muy interesados en mantener nuestra presencia y si es posible, incrementar nuestra presencia, porque Estados Unidos es importante cuantitativa y cualitativamente. Por eso hemos desarrollado una serie de actuaciones para preservar mercados y abrir otros y medidas como el paquete de 14.320 millones aprobado por el Gobierno como respuesta y relanzamiento de todo el sector comercial global, incluido el agroalimentario. Por tanto, si fuera necesario, estaríamos preparados.

–El sector está muy preocupado por lo que puede suponer la pérdida de cuota en el mercado estadounidense, ¿la apertura de nuevos mercados como el acuerdo con Mercosur o los contactos con China o Vietnam van a compensar esa posible pérdida?

–No creo que sea exacto hablar de compensación. Hay que establecer el objetivo en función de cada mercado y cada situación. Es un ejercicio de responsabilidad el diversificar la presencia comercial. Somos partidarios de un comercio libre basado en reglas y estamos en favor de que los aranceles sean lo más bajos posibles o cero. Por tanto, vamos a mantener esa necesidad de presencia e incluso de aumentarla en el mercado norteamericano. Y tenemos, por responsabilidad, que ampliar mercados. Ahí tenemos muchas posibilidades: los acuerdos de la UE con Corea, Japón, Canadá, México o Chile, o las negociaciones en curso con India o la posibilidad de un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Pero quiero centrarme en Mercosur, porque son 268 millones de personas en cuatro países, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son también culturalmente y no solo económicamente muy próximos de nosotros y donde el aceite de oliva, el vino u otros productos agroalimentarios pueden tener un gran mercado. Por tanto, la política es mantener lo que tenemos y, al mismo tiempo, intentar diversificar.

–¿Y qué le dice a aquellos productores que están preocupados porque esa apertura en mercados como Mercosur podría ser perjudicial por la amenaza de entrada de productos con estándares más bajos?

–Mercosur es una gran oportunidad y nos ha venido a ver el calendario con la situación y el destino del momento en que nos encontramos. Desde el punto de vista de los intereses defensivos, es decir, de lo que se pueda ver afectado la producción europea por las importaciones de Mercosur, las cantidades, los contingentes de reducción tarifaria son, en el ámbito agroalimentario, muy limitados. Además, no entra ningún producto en la UE que no responda a los estándares de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Es decir, si entra un producto de Mercosur, tiene que responder a los mismos estándares que la Unión Europea y si no, no entra.

–El relevo generacional es uno de los retos del sector primario. El Gobierno tiene el compromiso de poner en marcha una ley de economía familiar para garantizar ese relevo, ¿cuándo prevé que esté esa ley? ¿qué va a suponer?

–En los últimos años, desde el Gobierno hemos hecho actuaciones muy importantes para el conjunto del sector agroalimentario. La nueva PAC nos ha permitido disponer, con 47.724 millones, de la mayor cantidad de fondos de la historia para el sector primario y 1.140 millones para el sector pesquero. Desde el punto de vista regulatorio hemos impulsado la ley de cadena alimentaria, la ley de pesca sostenible, la estrategia nacional de alimentación y la ley de desperdicio alimentaria. Efectivamente estamos trabajando en un anteproyecto de ley de agricultura familiar y profesional en paralelo también a la negociación de la nueva PAC. En el relevo generacional hay un triángulo de temas que están ligados: la disponibilidad de agua; la agricultura de precisión porque este es un sector que es primario, pero muy moderno y, por tanto, la agricultura de precisión, la utilización de drones, la digitalización o la propia inteligencia artificial, están para quedarse; y en el factor humano, que es lo más importante, la presencia de jóvenes. La presencia de jóvenes depende de dos factores: primero que haya rentabilidad, y en segundo lugar, la reputación de ser agricultor, el prestigio social de esta actividad, que como vimos durante la pandemia es necesaria para seguir viviendo.

–El aceite de oliva es un producto básico de la agricultura andaluza y malagueña. En los últimos años su precio ha fluctuado y tras alcanzar altas cifras ahora ha bajado y los productores alertan de que no se están cubriendo gastos.

–Partimos de que las condiciones climáticas son fundamentales cara a los costes de producción y, por tanto, del precio de venta de los productos. ¿Qué podemos hacer en este respecto y sobre todo qué pasa con el sector del aceite de oliva? Hace un par de campañas estábamos en una producción de unos 700.000 toneladas; la campaña anterior se situó en torno a 800.000 toneladas y esta va a acabar en una cifra de 1.380.000 toneladas que viene a ser la media de una campaña normal. ¿Cuál es el problema del sector del aceite de oliva? Que los modos de producción son muy distintos. Los costes del olivar tradicional son diferentes de los del intensivo o del superintensivo. ¿Cuál es el problema? Que si bajamos demasiado el precio de origen, podemos tener problemas de costes para el pequeño productor, sobre todo del olivar tradicional. Por eso desarrollamos un decálogo de medidas como ayudas específicas vinculadas al olivar tradicional, medidas en materia de calidad y trazabilidad o que las cooperativas agroalimentarias puedan almacenar temporalmente parte de esa producción a los efectos de su valorización y de intentar de alguna forma regular el mercados de forma limitada y dentro de las reglas. Estamos al final de la actual campaña y estamos con un precio en torno a 3,50 euros. Por tanto, yo creo que esta campaña va a acabar en umbrales de rentabilidad correctos, pero yo estoy evidentemente preocupado y tendremos que ver qué ocurre en futuras campañas.

–Respecto al aceite de oliva, está por un lado la rentabilidad de los productores y por otro que los consumidores puedan acceder a un precio asequible al producto. ¿A su juicio, qué precio debe tener el aceite de oliva para que sea rentable para las dos partes?

–Utilizaré un adjetivo, no una cifra porque estamos ante las leyes del mercado. Hay que buscar un precio razonable, que evidentemente no está en manos del Gobierno porque está prohibido por la Constitución y por la UE la regulación de precios. Pero sí hay instrumentos como la ley de cadena alimentaria, que pretende no sólo dar transparencia y equilibrio al productor, a la industria y a la distribución, sino que busca que todo el mundo pueda ganar razonablemente un margen y el producto tenga un precio razonable para el consumidor. Pero es muy importante tener presente que no sólo estamos retribuyendo el pago de un producto saludable y fundamental para nuestra alimentación, sino que estamos cuidando a nuestras zonas rurales, especialmente en el caso del olivar tradicional que hay mucho en Andalucía, y es muy importante por el servicio ambiental y el impacto social y de empleo que tiene.

–Se ha reunido con Trops. El sector de los subtropicales en los últimos años ha sufrido los efectos de la sequía que le ha llevado a arrancar plantación, ¿qué reivindicación le han hecho?

–El reto de futuro del sector de los subtropicales es básicamente la adaptación al cambio climático. Es decir, cómo conseguir a través de la agricultura regenerativa, de las cubiertas vegetales, una mejor conservación del suelo; en cuanto al árbol, utilizar variedades que sean más resistentes a la disponibilidad de agua y, paralelamente, sean apreciadas por el mercado; y, evidentemente, el factor agua. En el tema del agua tenemos que utilizar una combinación de las aguas pluviales, las regeneradas y la desalación. En este último caso, la desaladora de la Axarquía, cuyo anteproyecto el Gobierno espera recibir en junio, puede ser un instrumento para continuar el desarrollo del sector subtropical y darle estabilidad.

–Las organizaciones agrarias denuncian que los agricultores y ganaderos de Málaga siguen excluidos de las ayudas extraordinarias para compensar las pérdidas de las danas del pasado otoño, ¿tiene previsto el Gobierno modificar esta situación?

–Hay que decir que en España disponemos de un magnífico instrumento de respuesta a los acontecimientos excepcionales, como las danas u otras situaciones como la sequía, el pedrisco o el viento, que es el seguro agrario. Por tanto, una respuesta inmediata por parte del Gobierno son los 317 millones que dedicamos a la subvención del seguro agrario, con lo cual disminuimos un 40% el importe de la prima que tiene que abonar el agricultor de cara a defender, digamos, y a prever y a proteger su producción agraria. Con el tema de la dana se estableció una lista de municipios, básicamente de la Comunidad Valenciana que es la que sufrió los mayores daños, y uno en Málaga, donde 20 agricultores han recibido ayudas por un importe de unos 220.000 euros. Evidentemente puede haber habido otros impactos, sin duda, pero existe el seguro agrario y por parte de otras administraciones la posibilidad de otros apoyos.

–Es decir, que no va a haber otro tipo de ayudas para los agricultores y ganaderos de estos municipios.

–Hay muchos tipos de ayudas: las de la PAC, las extraordinarias por la sequía y la guerra de Ucrania que hemos dado desde el Gobierno casi 4.000 millones y existe el propio seguro agrario.