Condenan a un banco por retirar la financiación a una empresa malagueña que terminó cerrando

Éste es el contexto previo para entender una sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Málaga que condena al Banco Santander por «la existencia de un incumplimiento de los compromisos asumidos mediante su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas, la obligación de mantener el flujo de financiación de la prestataria». En virtud de esta sentencia -que no es firme y aún es recurrible-, el banco habría de renovar las líneas de financiación a la empresa.

La cuestión es que como alega Jesús Romero, de Talento Abogados, la firma que ha llevado el caso representando a la compañía demandante, la sentencia llega tarde, puesto que la empresa en cuestión, la distribuidora textil FC&Co, está en pleno concurso de acreedores y el pasado diciembre ya cerró las nueve tiendas que tenía abiertas en varios centros comerciales de Málaga y los alrededores y despidió al medio centenar de trabajadores con los que contaba.

Como explica Romero, si en febrero de 2022 se presentó la demanda, la sentencia no ha llegado hasta dos años después -la resolución judicial es de ayer-.

En concreto, la compañía había demandado al Santander con el objetivo de que le mantuviera el flujo de financiación, en particular, los avales otorgados en garantía de cumplimiento de los contratos de arrendamiento de las tiendas -los centros comerciales exigen tener la garantía de cobro de doce meses de alquiler-, así como los préstamos trimestrales necesarios para el pago de los impuestos. La empresa alegaba en su demanda que la adhesión voluntaria del grupo bancario al Código de Buenas Prácticas implicaba que éste tuviera que mantener las líneas de circulante que le había concedido al menos hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, en enero de 2022 ya dejó de contar con circulante para el pago del IVA correspondiente al último trimestre de 2021, cuando este concepto venía financiándose desde 2016; y el banco también le negó la prórroga de dos avales para el pago de los arrendamientos.

El abogado comenta que esto último fue especialmente dañino para la empresa, puesto que supone el desembolso del año de alquiler correspondiente a la decena de tiendas con la que contaba la cadena FC&Co.

El banco alegó en el rechazo de la demanda que el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas era la financiación avalada por el ICO, pero no otro tipo de préstamos. Y también que esas medidas sólo iban dirigidas a proteger a empresas que antes de la crisis provocada por la Covid-19 fueran viables, cuando, dice el Santander, FC&Co no lo era ya en 2019.

Pero, en virtud de la sentencia, el Código de Buenas Prácticas, en lo relativo a procurar el mantenimiento de la financiación bancaria a las empresas, aplicaba no sólo a la avalada por el Estado, sino a todo tipo de préstamos.

Y en lo que se refiere a la consideración de si la empresa era viable, o no, la sentencia afirma que «no puede considerarse debidamente acreditada la inviabilidad mantenida» como argumento del Santander para cerrar la financiación a la compañía. De hecho, en el texto de la sentencia se puede leer que «en contra de lo alegado por la demandada, la actora era una empresa viable antes de la pandemia Covid-19», cuestión que, además, se ve reforzada, afirma, porque otras entidades financieras, como BBVA y CaixaBank sí mantuvieron la financiación a la compañía en el año 2022.

Ahora hay que esperar si el Banco Santander recurre, o no, la sentencia. Y, a continuación, como explica la administradora concursal, Elena Narváez, se habrá de cuantificar el daño provocado por ese corte de financiación para la empresa y en qué medida ha sido responsable de su liquidación, para, en su caso, pedir daños y perjuicios.

La empresa alegó para declararse en concurso tanto el deterioro de las ventas por la pandemia como el cierre de la financiación del Santander. Esto último, señala Narváez, «impactó de forma esencial en la solvencia de la empresa».