José Antonio Vega besa a su esposa, Josefa Maldonado, en la puerta del edificio en el que viven de alquiler desde el año 68. Salvador Salas. VIDEO: Pedro J. Quero.
Los inquilinos de Callejones del Perchel: «Llevo toda mi vida en este barrio y no me quiero ir»
Operación urbanística en el Centro de Málaga ·
Vecinos de renta antigua de los edificios que han sido adquiridos por una promotora de Madrid para construir pisos activan una plataforma para reivindicar sus derechos a ser indemnizados
Los edificios del Perchel que enmarcan las calles Montalbán y Malpica amanecieron hace unos meses con más ajetreo del habitual. «¿No te has enterado? Dice el SUR que una promotora de Madrid los va a comprar. Esto ya está aquí», dice Carmen Fernández a uno de sus vecinos. Como ella, el medio centenar de inquilinos con contrato que todavía quedan en estos inmuebles se vieron sorprendidos por la noticia de que iban a ser adquiridos en breve por una empresa madrileña con la intención de derribarlos para construir viviendas, operación que permite el actual planeamiento urbanístico de la zona. Ya es oficial.
«Ya me extrañaba a mí que, cuando el otro día fui a pagar el alquiler al administrador, me preguntó si ya había encontrado un piso al que mudarme», espeta Enrique Gutiérrez, que vive justo frente a Carmen, en el número 9 de la calle Montalbán, y que es conocido en el mundo del carnaval de Málaga como 'Guti'. Hace ya cinco años que se encargó de movilizar al resto de inquilinos y crear una especie de plataforma para reivindicar sus derechos frente a una posible operación de compra de los edificios que ahora parece inminente. Incluso llegó a conseguir que pleno del Ayuntamiento aprobara por unanimidad en 2017 una moción del entonces portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, en apoyo a la situación de «acoso inmobiliario» que denunciaron estos vecinos.
Hoy ese acuerdo plenario cobra vigencia ante la situación de temor y dudas que viven, sobre todo los que no poseen un contrato de renta antigua (los firmados antes del 9 de mayo de 1985) y no tienen derecho a ser indemnizados. Chaoi Ben Fatna se echa a sudar cuando se entera por este periódico del panorama que se cierne sobre estas 141 viviendas, la mayor parte ya desocupadas. «¿Así es la ley en este país? ¿No tengo derecho a nada? Tendré que tirar a mis tres hijos por el balcón», afirma ofuscado. Como otros inquilinos de procedencia extranjera, lleva algo más de una década viviendo aquí de alquiler y abonando unos 300 euros al mes.
«A la calle no vamos a ir, o nos dan una vivienda, o lo que corresponda», insiste Enrique Gutiérrez mientras le empiezan a llegar al móvil mensajes con la información publicada por este periódico. «Iré a donde haga falta para defender mis derechos», añade. «Yo te apoyo», le responde Andrés Romero, marido de Carmen Fernández, que no pierde la esperanza de que pueda ser considerada de renta antigua y verse compensada por ello. «Llevo aquí desde el año 79, tenía un contrato en otra parte de los edificios, pero esa la echaron abajo y hace ocho años me mudé a este piso, pero nosotros somos de los antiguos», reivindica Carmen que paga 215 euros por un piso en el que vive con su hija Rocío y una nieta de seis años.
La mayor parte de los locales comerciales de las plantas bajas ya están tapiados.
SALVADOR SALAS
José Antonio Vega responde con lágrimas en los ojos a la impresión que le ha causado la noticia. «Tengo 76 años y llevo aquí con mi mujer desde el 68. Siempre ha sido un barrio alegre y nunca hemos tenido problemas», relata, aunque confiesa que la cada vez más frecuente presencia de okupas en el portal adyacente le ha provocado más de un dolor de cabeza. «Aquí he criado a mis cuatro hijos y hemos vivido 53 años, llevo toda la vida en el Perchel y no me quiero ir», añade Josefa Maldonado, esposa de José Antonio, con el que vive en un piso por el que pagan apenas 120 euros mensuales.
Parece claro que su caso se corresponde con uno de los casi veinte inquilinos de renta antigua que podrían tener derecho a ser indemnizados por la pérdida de sus viviendas en el caso de que prospere la operación residencial que se está gestando y que podría cerrarse la semana que viene. Peor lo tiene Fatna Tahire, vecina de José Antonio y Josefa, que lleva desde 2005 residiendo en estos edificios junto a su marido y su hijo de nueve años. «¿Qué haremos si nos echan de aquí? No sabemos dónde buscar casa», declara con la preocupación instalada en el rostro que enmarca un pañuelo.
Junto a los vecinos, otros afectados por esta operación urbanística son los que todavía poseen negocios en los bajos de los edificios, si bien la mayoría de ellos ya están tapiados. José Aguilar regenta el bar Aguilar, que abrió sus puertas en 1982 y que heredó de sus padres. «Somos cinco familias viviendo actualmente de este negocio. No sé qué pasará, pero nos tendrán que dar pronto una explicación. Esto nos ha pillado de sopetón», asegura.
«Lo veo complicado, pero al menos que nos den algo en el barrio», añade Josefa Vega, que regenta desde hace 22 años un negocio de arreglos de ropa en la calle Montalbán. «No sé cómo me iría en otro sitio, que sea lo que Dios quiera», añade.
Andrés Romero junto a su esposa Carmen Fernández.
SALVADOR SALAS
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