Nacho gana a Goliat: Estrasburgo condena a España por un juicio iniciado en Málaga
Un economista demuestra ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no tuvo acceso a un juicio justo tras ser despedido hace ocho años. Aprovechó el litigio para sacarse Derecho
Nacho Domenech creyó en la justicia por encima de la propia justicia. Este economista llevó su caso, una reclamación laboral, hasta las últimas consecuencias en un proceso trufado de recursos judiciales, un empeño inquebrantable por el que llegó a sacarse la carrera de Derecho: «Todo el mundo me decía que parase, que estaba loco». Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha dado la razón y ha condenado a España por vulnerar su derecho a un juicio justo. Estrasburgo obliga al Estado a pagar una indemnización de 9.600 euros en concepto de daños morales y abre la puerta a un nuevo procedimiento, en este caso de revisión de sentencia. «Ha sido el triunfo de un ciudadano indignado», resume Magdalena Martín, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga (UMA): «El fallo europeo es claro e indica que un mismo error fue repitiéndose desde primera instancia hasta el Supremo».
El caso se remonta a 2013, cuando Domenech trabajaba como director de oficina de la extinta Caja España en Marbella. La entidad anunció el cierre de todas las oficinas, por lo que este economista gallego, residente en Mijas, se acogió a una baja incentivada: «Nos dijeron que cerrarían todas las oficinas fuera de Madrid y Castilla y León, no me quedó más remedio aunque me había negado». Pero lo que ocurrió después se asemejó poco al panorama dibujado por la caja de ahorros: con la crisis financiera desatada, el sistema bancario español inició un proceso de concentración para rearmarse y Caja España fue absorbida por Unicaja. Con anterioridad, la firma malagueña ya había comprado las oficinas de la antigua Caja España en Andalucía, adquisición que permitió que siguieran abiertas. Domenech, ya sustituido, se sintió engañado y solicitó la nulidad de su adhesión a la baja incentivada al entender que, con la oficina abierta, podría haber continuado con su trabajo.
El banco alegaba que eran circunstancias sobrevenidas. Domenech inició en Málaga un procedimiento para tratar de demostrar «que todo estaba acordado» antes de que le ofrecieran sumarse al plan de despido colectivo y asegura que la integración ya estaba sobre la mesa. Su argumento era que el consentimiento de adhesión al plan había quedado viciado. En el juicio oral, renunció expresamente a la pretensión subsidiaria y mantuvo la principal. Un fallo del Juzgado de lo Social número 13, emitido en diciembre de 2015, desestimó su demanda y señaló «por error que había retirado su demanda de nulidad principal y que había mantenido la solicitud de indemnización a título subsidiario», recuerda el TEDH. Con una nueva demanda, el mismo juzgado corrigió ese error en enero de 2016, aclarando que Domenech pedía la nulidad de su solicitud principal, es decir, salir de la adhesión al plan de despido.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el recurso en enero de 2017 y, como precisan los jueces europeos, «cometió el mismo error que el que se había cometido previamente». Domenech presentó una demanda de aclaración que fue rechazada por una decisión en la que se señalaba que «el error eventual cometido era imputable al demandante». La posterior demanda de nulidad corrió la misma suerte, ya en marzo de 2017. El recurso de casación ante el Tribunal Supremo fue rechazado porque «la contradicción jurisprudencial no era real en este caso concreto, sino hipotética». El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional también fue rechazado. En su fallo, el TEDH insiste en que «el error cometido por el tribunal privó al demandante del acceso a la jurisdicción suprema». La consecuencia es que Domenech tuvo que «soportar una carga excesiva por ese error, que era exclusivamente imputable» a la justicia española.
La condena de Estrasburgo activa ahora la posibilidad de iniciar un recurso de revisión de sentencia que Domenech prevé presentar: «Quiero estar en un juzgado discutiendo sobre los hechos, con independencia de que me den o no la razón. Pero hasta ahora no ha ocurrido». En pleno litigio se matriculó en Derecho. Ya graduado, sólo le falta colegiarse: «Renuncié a la asistencia letrada y empecé a sacarme la carrera. Cuando llegué al Tribunal Constitucional estaba estudiando Constitucional, precisamente. Y cuando desestimaron el caso estaba estudiando Derecho Internacional Público y pensé en llevarlo al TEDH». Aquella pelea, todas las horas robadas para litigar y estudiar, abrieron cismas personales: «He invertido mucho tiempo, pero ha valido la pena. Todo el mundo me decía que parase y hubo un tiempo en que dejé de decir que me estaba sacando la carrera. Simplemente tiré para adelante».
A la catedrática Magdalena Martín enseguida le llamó la atención aquel estudiante dispuesto a plantarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «Me impresionó que tuviera tan claro cómo enfocar su caso. Es raro que un particular, sin la asesoría de un abogado, sea capaz de localizar artículos violados en el convenio europeo». En concreto, el artículo que Estrasburgo considera que ha sido vulnerado en este caso es el seis, que establece que todas las personas tienen derecho «a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial».
También sorprende la indemnización, más reducida que la cantidad solicitada por Domenech (30.000 euros) pero superior a la mayoría de importes concedidos por el TEDH, que suelen ser «simbólicos», según explica Martín, que destaca «la fe indestructible» que este economista ha tenido en la justicia «pese a que la justicia le ha ignorado». Pero ni siquiera la ristra de sentencias en contra frenó a Domenech, capaz de tumbar toda la pirámide jurisdiccional española para demostrar que Estrasburgo, recuerda la catedrática, «no sólo está para las grandes causas».
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