Los reparos del secretario del Ayuntamiento de Málaga

Lo cierto es que durante el mandato del anterior secretario general Venancio Gutiérrez Colomina no hubo ningún informe estrictamente desfavorable, sí favorable con observaciones y condicionantes, que si se subsanaban se podían aprobar, según explicaban fuentes municipales a esta sección. Ante esta situación, al concejal de Urbanismo sólo le quedaban dos opciones: o llevarlo a aprobación pese al informe desfavorable del secretario, o pedir otro informe a la Junta sobre la cuestión, que es lo que finamente va a hacer. Moreno Brenes sostiene que parte del suelo del proyecto de Cortijo Merino debe ser grafiado o delimitado como suelo para uso comercial de dotación pública, es decir a ceder al municipio. Su criterio es compartido por un informe de la Junta, pero al tratarse de un pronunciamiento no vinculante de la administración regional, los técnicos de Urbanismo elaboraron otro informe para zafarse de esa indicación con el argumento de que «no resulta contrario a derecho» haber tramitado el proyecto sin dibujarse una parte del suelo para uso comercial como de cesión obligatoria al municipio, como explicaba ayer Jesús Hinojosa.

Un alto funcionario de la casa puntualizaba que Moreno Brenes actuaba conforme a derecho, y que el Ayuntamiento debe acceder a tener suelo comercial en ese espacio para realizar, por ejemplo, un mercado municipal e incluso una concesión para dotar a la zona de un supermercado, mientras que voces de Urbanismo indican que habiendo ya 17.401 metros cuadrados de superficie comercial a desarrollar por los privados es más interesante que el Ayuntamiento acceda a más dotaciones para un colegio, zonas verdes o pistas deportivas, entre otros.

El caso es que en Urbanismo se han quedado noqueados con el asunto, el mismo que también ha levantado suspicacias entre los populares. «Todo lo que toca acaba siendo un problema», explicaba ayer un edil o «¿a qué asunto de Pedro os referís? Si es que no para...», que añadía otro. En fin, que no parecen muy contentos con la labor del que fuera líder de IU en el Ayuntamiento y se enfrentara en los plenos al alcalde Francisco de la Torre. La oposición, PSOE y Adelante Málaga, sin embargo, está encantada con el «buen hacer» del secretario general, «que es escrupuloso con la ley y se ajusta a derecho». 

Aunque los informes desfavorables no eran comunes en secretaría general, lo cierto es que sí lo son en intervención general. De hecho, el último negativo fue el pasado mes de julio a cuenta de una reducción de las tasas a los kioscos, que el habilitado nacional entendía que ya no se podía hacer con efecto retroactivo. Como el texto también era preceptivo pero no vinculante, las tasas acabaron aprobándose en el pleno pese al interventor. Y el año pasado, en 2019, la intervención general puso 161 reparos a facturas por 26 millones de euros, que acaba levantando en su mayoría el alcalde en la junta de gobierno local, donde se fundamenta con otro informe. En fin, informes negativos y reparos siempre hubo. Y ahora también hay suspicacias.