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Alberto Gómez
Sábado, 6 de agosto 2016, 00:36
El Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, solicitó ayer el precinto y la retirada del parque acuático situado en la playa de El Bajondillo, en Torremolinos, por carecer de la autorización para su instalación y explotación. La notificación, remitida al Área de Playas del Ayuntamiento, está firmada por el capitán marítimo de la provincia. Un acta levantada por la Policía Local el pasado 28 de julio alertó al Ministerio, que considera que el parque supone «un riesgo para la seguridad» de los bañistas. El parque, que se encontraba retirado temporalmente por la marea, no podrá volver a ser instalado hasta disponer de la autorización de la Capitanía Marítima.
El Consistorio adjudicó el servicio de este parque acuático, y de otro ubicado en La Carihuela, a una empresa pontevedresa tras un concurso público al que concurrieron otras diez sociedades. La firma gallega presentó la propuesta económicamente más ventajosa pero instaló el parque de El Bajondillo sin la autorización correspondiente. Pese a que la notificación ministerial sólo hace referencia a la instalación de El Bajondillo, el alcalde, José Ortiz, emitió ayer un decreto en el que ordenó a la Policía Local el precinto y la suspensión de la actividad de ambos parques, también el de La Carihuela. Desde el Ayuntamiento afirman que el Área de Playas detectó, en una inspección rutinaria, que la empresa no disponía de la autorización pertinente de la Capitanía Marítima para ninguna de estas dos instalaciones.
El regidor sostiene en el decreto que el Ayuntamiento «ha cumplido todos los trámites legales que son de competencia municipal» y aclara que Capitanía dispone de la solicitud de autorización pero aún no había dado luz verde a la misma. Este requisito administrativo es imprescindible para la instalación de ambos parques, por lo que Torremolinos no dispondrá de ludotecas sobre el mar hasta que la empresa regularice su documentación, un trámite que fuentes municipales aseguran que podría concluir la próxima semana.
Por su parte, el PP, líder de la oposición, critició ayer que el Ejecutivo municipal permitiera la instalación de los parques sin asegurarse de que la empresa disponía de la documentación necesaria y recuerda que el punto número cinco del pliego de condiciones administrativas determina que «en caso de que el Ayuntamiento no obtenga la autorización se producirá la extinción automática de las licencias».
No es la primera vez que el Ayuntamiento tiene que modificar su plan estival este año. A comienzos de verano, el Gobierno local comunicó la contratación de dos empresas para regularizar su servicio de salvamento, durante años cubierto por voluntarios de Protección Civil. Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó que el dinero que recibían estos voluntarios en concepto de dietas, 40 euros al día, eran «sueldos encubiertos muy superiores al salario mínimo interprofesional».
El Consistorio, que fue denunciado por la Seguridad Social, deberá abonar más de 160.000 euros en concepto de indemnización y liquidación de cuotas correspondientes al verano de 2013, único ejercicio investigado.
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