Industria estudia cómo mantener a partir de ahora el bono social de la luz

madrid. La sentencia del Tribunal Supremo en la que tumba la financiación del bono social eléctrico ha puesto contra las cuerdas al futuro Gobierno, cuyo titular de Industria tendrá que decidir quién paga los 500 millones que ahora se les debe a las grandes compañías; y cómo se sostendrá esta ayuda a partir del fallo del Alto Tribunal. Para no cargar aún más el recibo del consumidor, el Ministerio podría usar parte de los 1.000 millones de superávit que ha generado el sistema en el último año -la diferencia entre lo que se paga por la electricidad y lo que se ingresa por las facturas-.

Existen dudas jurídicas sobre la posibilidad de aplicar esta decisión porque, en principio, la ley prohíbe usar este excedente para otro objetivo que no sea la amortización de deuda. De hecho, en un caso similar el Ejecutivo ya indagó esta posibilidad cuando tuvo que asumir el impacto de 157 millones por un laudo entre Gas Natural y Sonatrach.

El presidente de Enerclub, Borja Prado, reconoció ayer que el superávit «se puede utilizar para paliar este tipo de situaciones» excepcionales «ajenas a la factura». Para el responsable de esta organización, que agrupa a las grandes firmas del sector como Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa, el recibo «solo debe reflejar lo que cuesta la energía».

Si el Ejecutivo no quiere tocar el superávit eléctrico, tendrá que aplicar sobre la factura el impacto de esos 500 millones que se deben reintegrar a las compañías por todo el dinero sufragado del bono social desde mediados de 2013. Esa solución supondría incrementar, de media, unos 1,5 euros al mes el recibo durante todo un año, si se reparte entre los 25 millones de usuarios.

La tercera opción pasaría por que sean los próximos presupuestos generales del Estado los que asuman ese coste, una opción que, por ahora, parece la más inviable.

Son las tres mismas posibilidades que tiene el Ejecutivo sobre la mesa para que el bono social siga existiendo a partir de ahora. Porque lo que no se descarta es suprimirlo, según aclaró ayer el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, quien recordó que la sentencia no cuestiona esta subvención eléctrica, sino su financiación. «Evidentemente cumpliremos esa sentencia pero necesitamos conocerla en todo su detalle», indicó el ministro que ha asumido las funciones de Industria.

En función de la renta

Las compañías del sector ya dan por hecho que esta ayuda ha tocado a su fin. Borja Prado sostiene que el actual sistema «está mal hecho y repartido». El presidente de Endesa apuesta por «transformarlo para que tenga sentido» y que beneficie «realmente a quien lo necesite». Es decir, que el Gobierno cambie los criterios para que determinados colectivos se puedan aplicar un descuento del 25%, y salgan de este grupo algunas familias numerosas o las segundas residencias. Prado ya ha insistido en varias ocasiones en modificar el uso del bono social adaptándolo a la renta de quienes lo perciban, para hacerlo más justo.