Conde usó a sus hijos para blanquear trece millones del saqueo de Banesto

Los fantasmas del pasado volvieron a proyectarse ayer sobre Mario Conde. A las 8:00 horas una decena de agentes de la Guardia Civil, acompañados de una comitiva de la Audiencia Nacional, tocaron el timbre del chalet del exbanquero condenado en el distrito madrileño de Chamartín. Más de dos décadas después de que el Banco de España interviniera Banesto tras revelarse un agujero de más de 3.600 millones de euros, Conde fue detenido junto a sus dos hijos, su yerno y otras cuatro personas por tejer un entramado societario con un objetivo: traer a España parte del dinero saqueado cuando presidió la citada entidad hasta su caída el Día de los Santos Inocentes de 1993.

En la denominada 'operación Fénix', los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado detuvieron al empresario gallego de 67 años y a su hijo, Mario Conde Arroyo, en la vivienda unifamiliar de Chamartín. La orden procedía del Juzgado Central de Instrucción número uno, cuyo titular es Santiago Pedraz, que contó con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción. El otro foco de la operación fue la casa de la hija del patriarca, Alejandra, arrestada junto a su marido, Fernando Guasch Vega-Penichet. Los otros cuatro nombres propios del mandamiento judicial fueron los del abogado Francisco Javier de la Vega, el financiero Francisco de Asís Cuesta, la persona que supuestamente controló el patrimonio familiar cuando Conde estuvo preso casi diez años; María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek.

Todos ellos habrían tenido una función determinada dentro del engranaje societario para repatriar más de trece millones del extranjero, según Anticorrupción. La investigación ha puesto el foco en mercantiles radicadas en Suiza y Reino Unido que habrían tenido una relación comercial simulada con otras españolas controladas por Mario y Alejandra Conde Arroyo. En el centro de la trama estaría la sociedad Hogar y Cosmética Española, con cuatro de los arrestados en su consejo y que podría ser la matriz para el lavado de dinero procedente del país helvético, donde exportaba sus productos.

Otra de las líneas de investigación son varias sociedades españolas que se encuentran a nombre de terceras personas y que habría servido de tapadera para ocultar la identidad de Mario Conde, según la investigación. El dinero se blanqueaba del exterior a través de préstamos, ampliaciones de capital de las mercantiles o ingresos en efectivo. La sentencia del 'caso Banesto' recogió que sus administradores, con Conde a la cabeza, llegaron a apropiarse de unos 26 millones que nunca aparecieron.

15 años sin levantar sospecha

Al cierre de esta edición los agentes de la UCO seguían registrando el chalet de Chamartín. Los ocho arrestados tenían previsto pasar la noche en los calabozos de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) antes de ser puestos a disposición judicial, previsiblemente mañana. En el domicilio de Conde, que colaboró con los agentes judiciales, se incautaron de numerosa documentación tanto en soporte digital como en papel. Los registros también se llevaron a cabo en Torrejón de Ardoz (Madrid) y en una finca del exbanquero en Orense.

El juez Pedraz investiga delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos contra la Hacienda Pública. Los investigadores sostienen que la repatriación del dinero oculto del Banesto pudo comenzar en el verano de 1999, cuando Conde abandonó por segunda vez la prisión de Alcalá-Meco, donde estuvo 16 meses tras ser condenado a cuatro años y dos meses por apropiación indebida de unos 3,6 millones en el 'caso Argentia Trust'.

Durante los 15 años siguientes, el supuesto entramado de blanqueo funcionó sin levantar sospechas. Quizá porque los más de 13 millones fueron traídos en pequeñas cantidades de unos 3.000 euros para que las alertas del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) no se encendieran. Pero la ley cambió en 2012 y con ella los controles bancarios de los ingresos de más de 2.500 euros y las extracciones de 3.000. Los agentes del Sepblac comenzaron a seguir la pista de los movimientos de los hijos y de los supuestos testaferros de Conde. Y en septiembre de 2014 denunciaron los hechos ante Anticorrupción. La Fiscalía ha ido acumulado en este tiempo documentación e indicios, con la colaboración de la UCO y de la Agencia Tributaria, hasta que el pasado 29 de marzo presentó una querella en la Audiencia Nacional. El resultado fueron las detenciones de ayer y la nueva caída del 'Fénix' Mario Conde.