Ana Mula asegura que la empresa que gestiona la grúa tiene «voluntad de pagar»

La máxima responsable municipal explicó que hace unos meses el Ayuntamiento pidió personarse en el expediente de Hacienda. «No entendemos por qué se ha derivado la responsabilidad en el Ayuntamiento. Quiero pensar que es por una cuestión de celeridad a la hora de cobrar», señaló, aprovechando además para criticar que la Administración no les haya aportado la información que han requerido. «Esa es la transparencia del Gobierno socialista de Sánchez», recalcó.

Además de la deuda con Hacienda, la concesionaria de la grúa municipal tiene varios impuestos y tasas sin pagar entre los años 2016 a 2020, así como el canon por gestionar el servicio, lo que se traducía en una deuda de más de 100.000 euros. Sobre esta cuestión, Mula aseguró que Grufu SL se encuentra al corriente de pago del plan de fraccionamientos, pero que solo ha abonado el canon del primer semestre de 2021.

La polémica por la grúa municipal estalló este pasado lunes, cuando SUR avanzó que la compañía que tiene la concesión de la grúa municipal debía unos 600.000 euros a la Seguridad Social, una cifra compuesta por impagos e intereses que ha tenido que abonar el Ayuntamiento de Fuengirola, o lo que es lo mismo, todos los fuengiroleños. Este Servicio de Grúa, Depósito e Inmovilización de Vehículos de Fuengirola está concedido a la citada sociedad desde marzo de 2006, por un plazo de 20 años y la posibilidad de prorrogarlos otros cinco más.

Preguntados por la situación actual entre el Ayuntamiento y la empresa, desde el Consistorio afirmaron de manera oficial que el pasado 13 de enero se inició el proceso de rescate de la concesión, así como la reclamación a la empresa de la cuantía abonada a la Seguridad Social.

Pero lejos de ser el único problema que tenía la compañía, este periódico ha podido confirmar que en 2017 Grufu debía cerca de 100.000 euros al Ayuntamiento en concepto de tributos varios como el IBI, la tasa medioambiental de residuos y el impuesto de entrada de vehículos (vado) de los años 2014, 2015, 2016 y 2017; así como el propio canon de la concesión administrativa de los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y parte de 2017.

Es decir, que mientras la empresa retiraba los vehículos de los vecinos y les cobraba el servicio, ellos ni siquiera abonaban el vado permanente del depósito municipal.