La Fiscalía pide cuatro años de prisión para la exalcaldesa y exprimer teniente de alcalde de Benalmádena por presunta malversación

Salido pactó primero con el PSOE de Javier Carnero, a quien hizo alcalde en 2011. Fue entonces, desde el inicio de su polémica gestión en el Puerto, cuando se asignó a sí mismo una partida mensual de 600 euros. Un año después, en 2012, rompió con los socialistas para aliarse con García Gálvez (PP), que por entonces era diputada nacional, en la segunda moción de censura consecutiva que se producía en Benalmádena. Ya había ocurrido en 2009, movimiento que también desbancó a Carnero para otorgar el bastón de mando a los populares, en ese momento liderados por Enrique Moya.

García Gálvez era una apuesta personal del presidente provincial del partido, Elías Bendodo, quien años después terminaría dándole la espalda. El pacto con Salido permitió el acceso de la abogada a una Alcaldía que su propio socio acabaría aguando. Aunque la remuneración fue aprobada bajo mandato de Carnero, la Fiscalía considera que Gálvez «tomó conocimiento» del caso después de la moción de censura. En diciembre de 2012, en el turno de ruegos y preguntas, sin que el asunto estuviera incluido en el orden del día, el consejo de administración del Puerto ratificó esta remuneración con los votos a favor de García Gálvez, Salido, Rosa María González, José Rojano, José Luis Moreno, José Antonio Ramírez y José Manuel López Merino. Para todos ellos, por entonces consejeros de la empresa municipal del Puerto, la Fiscalía solicita inhabilitación para cargo o empleo público y cuatro años de cárcel.

La Fiscalía mantiene que «aprovecharon su mayoría en el consejo» para confirmar el pago a Salido pese a ser conscientes «de que la competencia para fijar las remuneraciones correspondía a la junta general, esto es, al pleno del Ayuntamiento». Votaron, por tanto, siempre según el relato del Ministerio Público, «con pleno conocimiento de que carecían de competencia» para hacerlo, «desoyendo los reparos legales que pusieron quienes votaron en contra y permitiendo así que Francisco Salido continuara percibiendo los 600 euros mensuales procedentes de los fondos de la sociedad». Por estos hechos los acusa de un presunto delito de malversación y otro de prevaricación, en el caso de Salido con el agravante de prevaricación continuada.

SUR adelantó el caso en 2015, cuando tuvo acceso al acta en el que se ratificó esta polémica asignación, justificada por García Gálvez bajo el argumento de evitar un agravio comparativo con el resto de consejeros delegados. Según consta en el acta, el representante del PSOE en el puerto, José Luis Molina, respondió que entendía que era «totalmente ilegal ratificar un cobro sin ser aprobado por ningún órgano», a pesar de que el Gobierno de Carnero lo había aceptado un año antes.

La Fiscalía ha solicitado que en el juicio declaren como testigos el propio Carnero y los concejales que votaron contra la ratificación, además del entonces interventor municipal como prueba pericial. Salido cobró los 600 euros mensuales, además de su sueldo como primer teniente de alcalde, hasta finales de 2014, cuando García Gálvez rompió con él, tras meses de fuertes tensiones internas, y pasó a gobernar en minoría.