Reclaman 606.000 euros por el desarrollo de un convenio de 2001 que no se ha ejecutado

Las arcas municipales mijeñas pueden sufrir un nuevo revés. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cinco de Málaga ha dado la razón a los promotores de un acuerdo urbanístico firmado en el año 2001 época en la que la corporación estaba en manos del PSOE y por el que reclaman 606.611,44 euros, además de los correspondientes intereses de demora.

El convenio en cuestión fue suscrito entre el equipo de gobierno y una empresa local para desarrollar un conjunto de terrenos del área rural de Entrerríos. El proyecto contempla que se construirían 770 viviendas sobre una siperficie de un millón de metros cuadrados, así como un campo de golf en un sistema general de unos 170.000 metros cuadrados.

Sin embargo, una década después, es decir en 2011, los responsables de esta sociedad mercantil denunciaron el convenio porque entendían que, pese a haber adelantado parte del dinero, no ha llegado a desarrollarse. La cantidad reclamada se corresponde a la suma de dos pagos que servirían para la redacción del proyecto para el desdoblamiento del Camino de Coín por la Avenida de Andalucía que se ejecutaría en concepto de compensación económica, junto con el equivalente al 10% del valor del desarrollo del sector que, por ley, los promotores tienen que abonar en dinero o especie a una administración local cada vez que se desarrolla un entorno urbanístico.

Recurso

El procedimiento jurídico siguió los cauces habituales hasta que, este verano,la Audiencia ha dado la razón a esta versión de los hechos, tras lo que ha emitido una sentencia que obliga a la administración local a devolver la cantidad reclamada, además de los costes de demora. Se trata de una decisión judicial que el ente local va a recurrir, como adelantan ya fuentes del ejecutivo municipal.

Así, este nuevo pleito, que en primera instancia ha resultado desfavorable para el Ayuntamiento mijeño, se une a los cerca de 90 procesos judiciales que actualmente tiene abiertos y que están relacionados con «problemas urbanísticos y de toda índole ocasionados durante los mandatos políticos del PSOE», critican desde el equipo de gobierno y por los que, en total, se reclama al ente local una cifra superior a los 60 millones de euros.

De hecho, hace ahora casi un año otro juzgado condenó al Ayuntamiento a devolver una cantidad similar por un acuerdo firmado en 1994 que preveía el desarrollo de un sector y que, posteriormente no se llegó a incluir en el Plan General de Ordenación Urbana de 1999, herramienta que aún continúa vigente. Sin embargo, la promotora había ingresado como adelanto 150.000 euros un año después de cerrar este convenio.