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Aunque las abundantes lluvias registradas en lo que va de año hidrológico han alejado el fantasma de la sequía extrema en la provincia, con ... los embalses a más del 60% de su capacidad, las administraciones públicas, desde las locales hasta el Gobierno central, pasando por la Junta de Andalucía y la Diputación, siguen teniendo en su 'debe' un gran número de proyectos que permitirían acabar con imágenes tan bochornosas como las de los embalses desembalsando agua, como ha ocurrido en las últimas semanas.
En este listado una de las actuaciones más destacadas es la desaladora de la Axarquía. Después de que la Junta iniciase en el verano de 2022 un procedimiento administrativo para posibilitar la ejecución de una instalación promovida por la iniciativa privada, al año siguiente, en mayo de 2023, el Gobierno central irrumpió con el compromiso de ejecutar una pública, con una inversión de cien millones, a devolver por los usuarios en un canon en un plazo aún por determinar.
A pesar de que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró en una visita a Vélez-Málaga, el pasado mes de febrero, que «el único proyecto que hay sobre la mesa» para la Axarquía es la desaladora pública, lo cierto es que, al menos sobre el papel, la actuación privada sigue su proceloso trámite burocrático. De las tres ofertas presentadas inicialmente, lo hace especialmente decidida la propuesta primigenia, la de la cordobesa Magtel S. L., a través de su filial Mediterráneo Desalación S. L., que inició la tramitación a finales de 2020 ante la Administración regional.
Sin embargo, la ubicación que plantean sigue sin convencer a los residentes de la zona. De esta forma, en la zona del Ensanche Oeste de Torre del Mar, desde residentes y sectores educativos hasta hosteleros y promotores inmobiliarios, se han movilizado para presentar alegaciones contra la desaladora privada promovida por la empresa Magtel. Consideran que la ubicación de instalaciones en el barrio «supondrá un grave impacto social y ambiental», han asegurado a este periódico. La asociación vecinal constituida suma ya más de 300 socios adheridos, que respaldan las alegaciones presentadas al trámite que lleva a cabo la Junta de Andalucía.
El proyecto contempla instalar una estación de bombeo en una parcela colindante con el paseo peatonal y un parque infantil, a escasa distancia de edificios de viviendas y de un Instituto de Educación Secundaria, el IES Joaquín Lobato de Torre del Mar. Esta ubicación ha generado una fuerte preocupación entre la población local. «Las estaciones de bombeo generan ruido, vibraciones y emisiones térmicas, además de un impacto visual significativo, especialmente si se encuentran en áreas residenciales o espacios públicos», han considerado los vecinos en un comunicado.
Además de la estación de bombeo, el proyecto incluye un emisario y un inmisario submarinos en la playa del barrio, «una zona especialmente vulnerable y que ha sido declarada de regresión grave por el Ministerio para la Transición Ecológica, debido a la erosión que sufre cada año». «Esto implica serios riesgos ambientales y de seguridad, incluyendo la posible rotura o desplazamiento del emisario, con el consiguiente daño para el ecosistema marino y para el humedal del delta del río Vélez», han argumentado los residentes.
A estas preocupaciones se une el hecho de que «ya está en marcha el proyecto de una desaladora pública, que contará con una capacidad inicial de 25 hectómetros cúbicos anuales, la mitad de los cuales estará destinada al riego agrícola». Contempla, además, la posibilidad de ampliarla hasta 50 hectómetros cúbicos, «lo que hace que la construcción de una segunda desaladora no esté justificada», han considerado los vecinos de este entorno de Torre del Mar.
Los residentes consideran que los esfuerzos han de dirigirse a acelerar la construcción de esta desoladora pública, por lo que solicitan a la Junta de Andalucía que rechace la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para ese proyecto privado. «Recordamos que el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía ya ha mostrado también su oposición a esta segunda desaladora por considerarla, no solo innecesaria e imposible de mantener, sino también perjudicial para el medio ambiente y legalmente inviable», han manifestado.
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