El pozo sin fondo de Isofotón

En las últimas dos semanas han comenzado a desfilar por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla antiguos cargos de la Junta de Andalucía y exdirectivos de la empresa investigados en una causa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental cometidos en la concesión de ayudas públicas a la empresa malagueña, que cerró hace seis años y se encuentra en proceso de liquidación. Las declaraciones se prolongarán hasta el 24 de noviembre y entre los citados se encuentran antiguos responsables de Isofotón y altos cargos de la agencia pública IDEA y de la Junta, incluidos cuatro ex consejeros: Francisco Vallejo, Martín Soler Vázquez y Antonio Ávila (Economía Innovación y Ciencia) y Jesús María Rodriguez (Administración Pública).

Las cifras que aparecen en el sumario son de vértigo. La sociedad recibió 80 millones de euros en distintos tipos de ayuda que se encuentran bajo sospecha. La jueza instructora, Patricia Fernández, pretende dilucidar cuántas de estas ayudas procedentes de fondos públicos en forma de avales, préstamos e incentivos directos a fondo perdido se concedieron sin cumplir con ninguno de los requisitos de control. Hay una pista: en 2010 la empresa ya no era la pujante multinacional que había sido. Ese año fue adquirida por el grupo Affirma y la sociedad Top Tec por el precio simbólico de un euro. A partir de ese momento, sin embargo, recibió avales y préstamos por más de 37 millones de euros.

¿Por qué la causa se instruye en Sevilla? La explicación es muy sencilla. Cuando los trabajadores vieron que el aluvión de ayudas económicas que la Junta de Andalucía había concedido para revitalizar a la empresa y salvar los empleos no se utilizaron para los fines comprometidos, interpusieron una denuncia. En aquel momento la instrucción del caso de los EREs por la jueza Alaya estaba de plena actualidad y decidieron acudir a Sevilla. Por turno de reparto, la causa cayó en el Juzgado de Instrucción número 3.

Isofotón tiene una larga historia. Fue fundada en Málaga en 1981 para desarrollar actividades relacionadas con la energía, especialmente la generación de energía fotovoltaica solar. En 1997 fue adquirida por Berge Solar, que en 2007 vendió un 25 por ciento de las participaciones a la Corporación Alba. En 2008, cuando esta reintegró su participación a Berge, la situación financiera ya era precaria y la sociedad subsistía gracias a las ayudas públicas.

¿Por qué se había degradado la posición de una empresa que se había convertido en multinacional con más de mil trabajadores en su sede malagueña y filiales en Marruecos, Argelia, Alemania, Italia, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Ecuador, Chile, Bolivia, México y Japón? Sus gestores han aludido siempre a la difícil adaptación a los cambios en el sector, la subida en los precios internacionales del silicio, la materia prima utilizada en las placas solares que a partir de la entrada de este siglo comenzó a ser demandada para otros fines, y a la entrada de capitales en chinos en empresas competidoras. Los trabajadores, sin embargo, lo atribuyen a una sucesión de malas decisiones, entre ellas el abandono de muchos de sus mercados internacionales para centrarse en el nacional y conseguir de esa manera más ayudas oficiales.

Sean cuales fueran los motivos del fracaso, lo cierto es que ya en 2008 Isofotón era un proyecto fallido. Según consta en el informe de la Fiscalía Anticorrupción incluido en el sumario, la situación financiera de la empresa ya incurría entonces prácticamente en causa de disolución. Ese año, las cuentas de la compañía arrojaron pérdidas por 55 millones de euros, y en el siguiente, por 225 millones. En 2010 la sociedad fue vendida por el precio simbólico de un euro al grupo Affirma, de los hermanos Ángel y Diego Serrano, que se quedó con el 80 por ciento, y a la sociedad Top Tec, que se hizo con el otro 20 por ciento. Los nuevos propietarios se comprometieron a aumentar el capital social en 15 millones de euros. La empresa, sin embargo, siguió viviendo hasta 2014, cuando entró en concurso de acreedores y despidió a sus últimos trabajadores, de las inyecciones de dinero público.

Los Serrano y su socio Óscar López se encuentran ahora entre los principales investigados y la sociedad sigue su proceso de liquidación. Sobre Ángel Serrano, citado para declarar la semana pasada, la jueza llegó a dictar una orden de busca y captura cuando adujo que no podría comparecer porque tenía un viaje ya comprometido a México. Finalmente acudió y la orden de detención quedó sin efecto.

Lo que la justicia intenta determinar es cómo fue posible que se siguieran concediendo ayudas cuando la inviabilidad de la empresa era evidente. La investigación desarrollada por el grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF ya detecta irregularidades en ayudas concedidas en 2007 por IDEA. Concretamente, en un préstamo a fondo perdido de 19 millones de euros a Isofoton y otro de 23,7 millones a Silicio Energia, una sociedad participada por la anterior, sin que se estudiara la situación financiera de ambas empresas.

Las irregularidades detectadas por la policía son múltiples. En el expediente de un préstamo concedido en 2012 de 8,3 millones de euros figuran continuas referencias de los responsables de IDEA a la situación de crisis de la empresa y a la falta de fiabilidad de los datos aportados por la misma y se alude a una supuesta ampliación de capital que nunca se llevó a cabo y que sin embargo se da por realizada. Además, se introdujeron numerosas garantías que no se cumplieron. El expediente se tramita por un préstamo de 10 millones y finalmente se conceden 8,3 millones, la misma cantidad que Isofotón debía reintegrar de un préstamo anterior.

También se han detectado anomalías en el procedimiento de concesión de avales por 29 millones de euros entre 2010 y 2011 cuando la situación de la empresa ya no tenía retorno.

En 2010, IDEA concedió un aval de 12 millones de euros con la garantía de unas parcelas cuya tasación había caducado y que además eran las mismas que figuraban como garantía de un aval anterior, con un edificio del PTA que soportaba dos cargas hipotecarias y con la misma maquinaria aportada como garantía de otros dos avales, uno anterior de cinco millones de euros y otro, que se concedería al año siguiente, de 12 millones. La agencia los otorgó pese a reconocer expresamente que las garantías eran insuficientes.

Además, según consta en el informe policial, el notario ante el que se formalizaron las operaciones y que debía haber detectado la existencia de las mismas cargas en varias operaciones tenía intereses con la agencia IDEA, a la que había solicitado ayudas públicas en negocios personales.

En su investigación, la policía ha deducido que es dentro de la Consejería de Innovación, «al más alto nivel», donde se diseña y autoriza el plan de financiación de Isofotón y que el importe total investigado suma más de 44 millones de euros. «Dada la relevancia de la empresa, la crisis social que suponía su quiebra y la continua financiación recibida podría inferirse que existía conocimiento y autorización de autoridades superiores. Lo contrario indicaría una completa autonomía en la actuación del consejero, sin límites ni controles de ningún tipo», sostiene el informe.

Para los investigadores, se puede establecer una relación entre los responsables de Isofotón y de la Junta de colaboración para la comisión de un fraude a la Hacienda Pública «mediante falsedades documentales de los primeros e ignorancia deliberada y fraude de ley de los otros».

El Gobierno andaluz ha remitido recientemente a la unidad policial que investiga el caso más de 500 actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta celebradas entre 2005 y 2015. La investigación continúa.